Grave crisis institucional

Las instituciones son indispensables para la consolidación democrática. Pero en nuestro país se ven lesionadas diariamente, con una imagen que se deteriora ante la sociedad. Sus funcionarios elegidos o designados están bajo fuego desde que muchos de ellos hacen frente a escándalos, denuncias y procesos judiciales cuando no a la inutilidad y a la irrelevancia.

A ello se agrega que esos mismos funcionarios parecen mirarse el ombligo manteniendo una actitud de soberbia indiferencia o de mezquindad ante los problemas sociales. Si bien el manejo de la economía da cierta tranquilidad la fragilidad de las instituciones tutelares nos coloca en una desprotección más allá de la dramática inseguridad ciudadana que nos aqueja.

Entre la fragilidad institucional y la indiferencia estamos pasando a mayores en el desencuentro de la sociedad con el Estado lo que hace difícil o imposible la gobernabilidad democrática.

La indiferencia es el reflejo de una sociedad que ha dejado fuera de sus valores la solidaridad y la empatía. Los políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, sacerdotes, parecen preocuparse solo de sus propios problemas, que viven y afrontan cada día, pero parecen no ver los de la gente a la que consideran una entelequia, una abstracción. Escuchar al presidente de todos los peruanos obviar su responsabilidad ante sus electores, no responder o considerar la inseguridad como una percepción es decepcionante. No ve una realidad que nos amenaza a todos. Y algo similar sucede con los políticos de las distintas tiendas, ahora encaramados en sus torres de marfil, que solo volverán a mirar a los electores cuando necesiten de sus votos. Vivimos la democracia solo como ejercicio electoral eventual.

Y si los miembros de la élite son así de soberbios, indiferentes, inútiles, ineficientes o ineficaces estamos diciendo a todos que la solución es individual, que cada uno se arregla por su cuenta y riesgo. De ahí pasamos a la justicia por mano propia, a los cercos que separan los ricos de los pobres, a la profundización de la fractura social que demuestra que el Estado no responde a los objetivos sociales por los cuales todos contribuimos a su sostenimiento.

Con jóvenes indignados, trabajadores protestando en las calles, médicos, enfermeras, empleados públicos que no se sienten escuchados ni atendidos. Con todos los poderes constitucionales en falencia, el Ejecutivo con ex presidentes inculpados o procesados, al Poder Judicial con magistrados bajo sospecha al igual que los del Ministerio Público, el Legislativo abocado al blindaje y a la renuncia a fiscalizar, los presidentes regionales con escándalos mafiosos. La corrupción impregna todas las instituciones significativas.

Constatar el descrédito y la deslegitimación nos lleva a afirmar que no son éstas las instituciones que necesitamos como país democrático, que están lejos del ideal pero también de la burbuja en que parecen vivir nuestros políticos. A lo que se agrega la ausencia casi total del debate público sobre nuestros problemas.

Si un país debe gobernarse democráticamente son necesarios arreglos, diálogos, debates, cuestionamientos, prácticas e instituciones que hagan política en el mejor y más alto sentido, que signifiquen un avance en la consecución de los criterios democráticos y de los ideales de bienestar y desarrollo.

Los países cambian con instituciones políticas y respetables, que canalicen y atiendan las demandas en favor de una mayor inclusión y de participación efectiva en el gobierno y la vida política. Los cargos públicos elegidos por los ciudadanos deben ser representativos y dignos de esa legitimidad de la que ahora lamentablemente carecen.