Un Estado que funcione

Mg Jorge Luis Martínez, autor de estas líneas

En “El Otro Sendero”, libro publicado a mediado de los ochenta, Hernando de Soto mostró la manera en la que los migrantes hacían frente a la hostilidad del Estado. Puso en evidencia las trabas que el Estado a lo largo de los años había erigido en el camino de los miles y miles de compatriotas que bregaban por salir adelante en medio de un escenario adverso a todas luces para ellos. Expuso como los migrantes, haciendo tabla rasa de la “formalidad” del Estado, se convirtieron en informales. Y señaló que los informales no eran el problema, sino más bien la solución. La informalidad es el punto de partida del capitalismo popular, señaló Hernando De Soto. Razones no le faltaron para señalarlo, historias que lo demuestran hay a granel. No hay que hacer mucho esfuerzo para señalar que cuando el Estado continúa poniendo trabas, y está plagado de corrupción, se constituye en el obstáculo mayor para la economía popular. Sin embargo, una cosa es el informalidad vista como partera del capitalismo popular; otra, la ausencia de toda norma que rija la actividad empresarial. Veamos por qué.

Los peruanos hemos sido testigos una vez más de la manera superlativamente informal en la que se trabaja en nuestro país. De lo que trae consigo la ausencia de normatividad y el respeto a la existente. Un incendio de gran envergadura en la zona de Las Malvinas, Cercado de Lima, a un paso del lugar donde se encuentran las sedes de los tres poderes del Estado, dio cuenta de la vida varios jóvenes que trabajaban bajo condiciones de moderna esclavitud. Es duro, pero hay que decirlo, así se labora seguramente en muchos otros lugares de nuestro país: sin control alguno y con autoridades, más que seguro, haciéndose de la vista gorda. Las imágenes, por demás dantescas y desgarradoras, nos mostraron que en la azotea del establecimiento afectado había contenedores que en algún momento, a la luz del día, a vista y paciencia de alguna autoridad, fueron hasta ahí transportados. En el lugar siniestrado, pueda que jamás algún funcionario del Ministerio de Trabajo se haya dado una vuelta a fin de indagar por las condiciones en las que trabajaban cientos de personas. Cuesta aceptar lo sucedido. Tenemos derecho a levantar la voz y preguntar ¿por qué nuestras autoridades, a quienes le pagamos con nuestros impuestos, no cumplen con sus tareas?: ¿Dónde estuvieron los fiscalizadores del ministerio correspondiente?

Así las cosas, cabe señalar la falta de un serio compromiso de muchos de los funcionarios que laboran en el aparato del Estado. Ha llegado la hora de que pongan las barbas en remojo y que dejen de pensar que son intocables. Y recuerden que lo primero que debe de tener en mente un servidor público es servir, así como se lee, al ciudadano. Aquí no hay favor político del gobierno de turno que valga: o el funcionario público está a la altura de lo que su responsabilidad implica y exige, o debe dar un paso al costado. Necesitamos excelencia en el aparato del Estado a fin de que, previendo, vale decir haciendo todo lo necesario para evitar este tipo de catástrofes, se potencie la acción emprendedora que surge desde la base social en nuestra patria. Todo funcionario público debe emular a los miembros del Cuerpo de Bomberos, un colectivo cuyos miembros lucharon denodadamente para amainar el fuego y salvar vidas.