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Martes 27 de junio 2017

Caso Doe Run: pérdida neta para el Estado peruano

Por: César Gutiérrez
Caso Doe Run: pérdida neta para el Estado peruano
Foto: Difusión


César Gutiérrez, autor de estas líneas

Cerca de nueve años de trajín tiene el caso Doe Run Perú SRL (DRP), que devino en la paralización de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), donde se obtenían hasta 10 tipos de metales a partir de los concentrados que se proporcionaban a la planta. Tema controvertido con múltiples aristas donde la posición estatal no siempre ha sido la que tenía la razón.

La empresa se encuentra en un proceso de liquidación en marcha desde el año 2012, con sucesivos intentos fallidos de venta, habiendo sido la traba desde un inicio los exigentes estándares de calidad ambiental (ECA) que estaban vigentes desde agosto del 2008 (DS-003-2008-MINAM). La valla impuesta desde el Ministerio del Ambiente (MINAM) era más rigurosa que las existentes en: China, Estados Unidos, Australia, Chile y México; en la componente de Dióxido de Azufre, que se convirtió en uno de los principales escollos a superar.

El gobierno, con mendacidad innecesaria, negó que fuera a cambiar los ECA, cuando al primer mes de gestión mediante propuesta legislativa aprobada en tiempo sumario en el Congreso, prorrogó por un año el proceso concursal (Ley 30502). El pasado 7 de junio, el Ejecutivo a través del MINAM (DS-003-2017-MINAM) hizo lo previsible y relajó drásticamente las condiciones ambientales, siendo la expectativa vender DRP el próximo mes de julio.

La valorización de la empresa la cual incluye el CMLO y la Unidad Minera Cobriza, asciende a la suma de 271 millones de dólares (MMUS$), de los cuales al estado como acreedor le corresponderán aproximadamente 81 MMUS$, cantidad inferior a lo que tendría que pagar si pierde el arbitraje planteado ante el CIADI por la propietaria de DRP, la corporación Renco Group, cuya pretensión de resarcimiento es de 800 MMUS$. Es decir, habría una pérdida neta de 719 MMUS$ para el estado peruano.

Es imprescindible que el Congreso le exija al Ejecutivo, que muestre el beneficio-costo de la operación. Ya hemos leído declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, que la medida tendrá un efecto multiplicador por las inversiones que hará Southern Perú en sus plantas de procesamiento de concentrados. Cifras en lugar de discursos genéricos es lo que necesitamos para convencernos de la bondad de la decisión tomada.

 

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