Odebrecht: el precio de la verdad

El “Acuerdo Preparatorio de Colaboración Eficaz y Beneficios” debe firmarse sí o sí. Es cierto que desde su filtración han proliferado los cuestionamientos y denuncias. Pero también lo es que la información que los brasileños han proporcionado ya han permitido más de 40 causas y si fracasa la firma vuelven a fojas cero. Imaginamos que hay muchos que desean que eso suceda, que quieren evitar nuevas revelaciones de los involucrados en el escándalo de corrupción más grande de la historia peruana.

Pero el acuerdo debe firmarse porque el país necesita castigar la corrupción y desterrar la impunidad. Es más requiere impedir que las mafias continúen actuando dentro del aparato estatal bajo la oscuridad y el desconocimiento. El acuerdo significa el compromiso obligatorio de la empresa y de sus ejecutivos de entregar la información respecto de las cuatro obras en las cuales han aceptado culpabilidad. La Fiscalía debe modificar algunos aspectos y fortalecer su posición con entidades calificadas que den mayor confianza y seguridad. El precio a pagar es aceptar aspectos impopulares, permitir que Odebrecht continúe en el país para que pague la reparación civil -por lo menos S/610 millones por las cuatro obras- con sus ganancias de los años que vienen.

Es cierto que la reparación habría que reformularla a futuro e incrementarla tomando en cuenta las otras obras estimadas por la Contraloría en 17, que significaron perjuicio económico mayor a los ocho mil millones de dólares, entre ellas el Gasoducto Sur Peruano no considerado a pesar de sus evidentes sobrecostos. Pero no puede hacerse respecto de las obras en que Odebrecht no se ha declarado culpable. Los nuevos ejecutivos admiten la posibilidad de colaboración más allá de las 4 obras lo que es un avance que debería constar por escrito en el acuerdo.

Que no todas las obras hayan sido incluidas beneficia a muchos entre ellos a políticos como Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Susana Villarán lo que podría encerrar alguna intencionalidad política. Es algo que debe subsanarse de todas formas.

Otro aspecto esencial es la participación en la negociación de otras entidades del Estado como el MEF y la SBS que con sus peritos hubieran podido mejorar las tasaciones subsanando deficiencia de fiscales y procuradores que desconocen estos aspectos. Es irritante el monto indemnizatorio cuando se compara con las multimillonarias ganancias de la empresa pero si se agregan las otras obras con ganancias ilegales este variaría. Y si además se toman en cuenta a las consorciadas que ganaron licitaciones con Odebrecht y deben ser parte del pago de la reparación.

El debate es saludable. Se puede modificar y precisar aspectos que respondan a cuestionamientos razonables y sinceros. No olvidar que estamos hablando de confesiones y concesiones de interés recíproco. Que hay dos partes que necesitan satisfacer su interés y que a ninguna conviene patear el tablero.