Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
El número de presos políticos en Nicaragua bajo el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentó a 767 personas, según el Comité de Presos Políticos, que agrupa a los familiares de los detenidos como resultado de la política del régimen nicaragüense. Los datos revelan que el número de detenidos, anteriormente en 565, aumentó en más de doscientos en diciembre y enero.
“Arrestan a personas por manifestarse y celebran juicios con fallas. Sabemos que esas órdenes, los cargos y los veredictos de culpabilidad, provienen de El Carmen, la residencia de Ortega-Murillo. Las palabras del ex magistrado de la Corte Suprema Rafael Solís confirman que todo esto es una configuración”, dice Brenda Rodríguez, madre de Rodrigo Espinoza (un joven condenado a 17 años de prisión).
En una entrevista exclusiva con el periodista Carlos F. Chamorro, el exjuez y miembro del círculo interno de Daniel Ortega dijo que los juicios contra ciudadanos son órdenes políticas dictadas por la pareja presidencial de El Carmen.
"Los magistrados de la corte de apelaciones, o en nuestro caso, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema aún pueden anular estas decisiones, pero es extremadamente difícil debido al estado de terror impuesto", escribió Rafael Solís en su carta de renuncia en su cargo por más de 21 años en la Corte Suprema y su militancia de más de cuatro décadas en el gobernante Frente Sandinista.
Entre los 767 detenidos, hay al menos 77 secuestrados en las celdas de la Dirección de Asistencia Judicial, conocida como El Chipote, fuera del plazo legal de 48 horas establecido por la ley.
El número de presos políticos se entregó en un documento al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por Mayra Tijerino, madre del preso político Eduardo Tijerino, líder del Movimiento del 19 de abril, en Matagalpa.
Los datos indican que unos 42 ciudadanos permanecieron detenidos en estaciones de policía departamentales y de distrito, y unos 450 están en alguna unidad del Sistema Penitenciario Nacional, algunos de ellos en celdas de máxima seguridad, como el líder campesino del movimiento anti-canal y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Medardo Mairena.
Del total de presos, al menos 113 ya han sido sentenciados a 80 años, aunque el período máximo establecido en prisión es de treinta años.
Sin embargo, en realidad las condiciones de la prisión entre los acusados y los condenados no varían, ni existe una separación entre ellos, según lo establecido por la legislación nicaragüense.
Según los datos del Comité, solo 23 detenidos enfrentan procesos políticos en libertad provisional. La mayoría de ellos adolescentes, aunque en algún momento todos sufrieron encarcelamiento en celdas compartidas con adultos, lo cual es contrario a la ley.
"Además, se han registrado 149 nombres de personas que una vez fueron denunciadas como secuestradas por la policía y las fuerzas paramilitares, sin ningún registro de su ubicación real y un número indeterminado de presos y desaparecidos, cuyas familias no han presentado las denuncias respectivas por el temor justificado de las represalias del régimen ”, señala el documento.
"Denunciamos en este informe la situación de los presos políticos, las torturas, las represalias que continúan contra ellos, los secuestros y las falsas acusaciones de las autoridades", explicó Gutiérrez.
El informe del Comité especifica que los reclusos detenidos en el DAJ y el Sistema Penitenciario, así como en las comisarías, sufren sistemáticamente violaciones de sus derechos: las detenciones son ilegales y los procesos judiciales tienen fallas de manera generalizada.
El viernes pasado, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que acompaña o está a cargo de la defensa de muchos de los acusados, informó que más de un centenar de manifestantes, que están presos, fueron víctimas de "robo" y "trato cruel". Por sus carceleros, que los sacaron de sus celdas para robar sus pertenencias de higiene personal e incluso medicamentos.
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