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Viernes 15 de febrero 2019

Urgencia de auditar arbitrajes que involucran al Estado

Por: César Gutiérrez
Urgencia de auditar arbitrajes que involucran al Estado
Foto: Difusión


César Gutiérrez, autor de estas líneas

Severa y justificada crítica han merecido los arbitrajes relacionados con el caso Lava Jato en nuestro país. Corresponderá a la justicia encontrar responsabilidades y dictar sentencias. Lo trascendente es que se ha puesto en tela de juicio los procesos arbitrales, de los cuales por definición se esperaba y espera manejo especializado, imparcialidad y plazos cortos de solución.

Los  sucesivos gobiernos se han desentendido completamente de lo que ocurre con los arbitrajes en los que están involucrados gobiernos regionales y locales, empresas e instituciones controladas por el Estado. Cifras millonarias en disputa sin control alguno.

Hay que tener claro el principio de que los laudos son inapelables, salvo casos excepcionales relacionados con gestiones que incumplen los procedimientos. Sin embargo, eso no significa que haya control en diversos aspectos, como la elección del tipo de proceso y la contratación de abogados y peritos de parte de las entidades estatales, que se hacen a dedo, a nombre de selecciones personalísimas.

Cuando se revisa la información existente, dispersa y de baja calidad, se observa una gran preferencia por los procedimientos adhoc sobre los institucionales. En los primeros, la designación de árbitros y reglas de gestión tiene demasiada discrecionalidad y es materia de suspicacia inevitable.

Si en el caso Lava Jato se realizaron gestiones institucionales, que revisten bastante formalidad en la selección del tribunal arbitral y reglas a seguir, y hay serios cuestionamientos que han llevado ante la justicia a los responsables de los laudos, tenemos todo el derecho de desconfiar de las gestiones adhoc.

La tarea de control debe empezar por la transparencia y consolidación de la información, la dispersión no permite el seguimiento pormenorizado. Estando el arbitraje dentro de lo que se llama “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos”, igual que la conciliación y la mediación, corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recopilar toda la información donde podamos conocer fecha de inicio y término del proceso, demandante, causa de la demanda, tipo de arbitraje, árbitros, abogados y peritos de parte, pretensión del demandante y resultado del laudo.

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