Lawfare o la judicialización de la política

María del Pilar Tello, autora de estas líneas

Nos quejamos de la judicialización de la política y de sus nefastos efectos. Y más aún en este muy cálido Febrero que amenaza con huaicos, que vienen dejando miles de familias damnificadas en el sur, y con Tsunamis políticos que podrían venir desde el Brasil a partir del acuerdo con Odebrecht. Demasiados personajes se sienten en riesgo, los miedos proliferan ante revelaciones que podrían lesionar prestigios y trayectorias. Y aquí cabe un concepto que viene haciendo furor en el continente, el de Lawfare entendido como el uso indebido o excesivo de instrumentos jurídicos para la persecución, destrucción de la imagen o inhabilitación de un adversario político.

Hay quejas y reacciones en el Perú como en Brasil, Argentina y Colombia donde acciones aparentemente legales con amplia cobertura de prensa permiten presionar al acusado y su entorno haciéndolo más vulnerable a las acusaciones sin prueba hasta llegar a la liquidación del personaje.

Luchar contra la corrupción implica equilibrio jurídico y político. El Lawfare se refiere a “un método de guerra no convencional en que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”. Surgió en 1999 en un libro sobre estrategia castrense y en el 2001 comenzó a ser manejado en ámbitos diferentes con influencia en los aparatos jurídicos en América Latina en la lucha anticorrupción. Y es fundamental el rol del Poder Judicial como poderoso espacio para desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política.

Además, el Poder Judicial es el único que no deriva de la voluntad popular sino de designaciones políticas y de concursos que le dan una institucionalidad vulnerable y proclive a presiones que en tiempos convulsos colocan a altas autoridades ante el cadalso. Y mucho más cuando las calles exigen sanción para todos los corruptos, sin privilegios.

Crucial es entonces la reforma que impida que el aparato que investiga y sanciona caiga en manos corruptas o interesadas en el control del aparato del Estado que se esmere en colocar “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político.

Y cuando las sospechas de aportes de campaña alcanzan hasta el mismo Presidente Martín Vizcarra debemos evitar el doble rasero que “elige” a quienes se ataca y también a quienes se invisibiliza o exculpa. Y en este aspecto son vitales los medios de comunicación que pueden manipular y orientar la opinión pública.

El Parlamento y la Fiscalía investigarán los nexos políticos electorales de las constructoras brasileñas y peruanas. Nadie arriesga apoyos ni justifica aportes. La reforma política deberá profundizar respecto del financiamiento electoral profundamente jdesestabilizador y lamentable terreno fértil para la corrupción. Y lo peor es que surge el fantasma de la indeseable vacancia presidencial.