A solo días de la crisis política desatada por el Gobierno a raíz del polémico uso de los mandiles por parte de miembros del Ejército Peruano ^[1], una lamentable noticia enlutó al país con la prematura muerte de tres valerosos héroes militares en un enfrentamiento con delincuentes terroristas en el Centro Poblado Valle Manantial, Distrito del Vizcatán del Ene, Provincia de Satipo, Junín. Lo peor (si cabe el término desde luego) vino después con la confusión en el traslado de los restos del suboficial de segunda EP Ítalo Pérez Ávila y del subteniente EP Tomy Heredia Yovera, desde Junín a Lima, y viceversa, generando profundo malestar en los familiares de los fallecidos, aunado al terrible dolor que significa la pérdida de un ser querido. El CCFFAA ha reaccionado disponiendo el inicio de una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones a que hubiera lugar.

Más allá de este pronunciamiento institucional, queda claro la precariedad en el manejo administrativo al interior del Ejército, puesto que no es difícil el cumplir diligentemente con la función encomendada al existir previamente protocolos, directivas, instructivos, etc. En suma, hechos como lo ocurrido no solamente no deben volver a suceder, sino que ¡¡¡¡ Nunca debieron haber existido !!!!.

Esta misma situación (precariedad institucional) se ha visto reflejada recientemente, primero, con lo acontecido en la pomposamente denominada Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. El único seleccionado -y presto a juramentar- Pedro Patrón Bedoya tuvo que renunciar al habérsele detectado vigente un proceso judicial en su contra (aunque últimas informaciones dan cuenta de investigaciones penales por lavado de activos). Extraño es -por decirlo menos- pensar que alguno de los integrantes de la citada Comisión (entre ellos los Titulares del Ministerio Público y Poder Judicial) no tuviesen conocimiento de esta gravitante información. Dos supuestos: De haberla tenido y no exponerla durante el proceso de selección, serían partícipes (o quizá hasta cómplices) de un hecho bastante irregular; y, de no haber sido así, significa no haber cumplido con la función encomendada, esto es el de previamente “filtrar” los antecedentes del -hasta ese momento- postulante. En ambos, corresponde que estos señores presenten su renuncia, tanto a seguir integrando la Comisión de la JNJ como a Titulares de Pliego, toda vez que no es suficiente la renuncia del Secretario Técnico de dicha Comisión.

Lo segundo tiene que ver con la fuga planificada -y en evidente complicidad de algunos malos funcionarios públicos- del temible asesino Rubén Moreno Olivo condenado a 25 años de cárcel por asesinato. Resulta que en el mes de febrero pasado, el mediático juez Richard Concepción Carhuancho (sí, el canero) firmó una resolución judicial ordenando la excarcelación de este delincuente y su consecuente arresto domiciliario. Cuatro meses después, el INPE sin hacer preguntas lo liberó el 13 de los corrientes. En una rápida reacción, el MINJUS cesó a todos los Miembros del Consejo Nacional Penitenciario del INPE (Resolución Suprema N° 142-2019-JUS, publicada en El Peruano con fecha 28 de junio de 2019), aunque está claro que existe un presunto acto de corrupción puesto que resulta inimaginable que un sentenciado de máxima seguridad salga caminando del penal únicamente por falta de coordinación entre autoridades del Estado (Poder Judicial y el INPE). Asimismo, causa extrañeza la orden impartida por el polémico juez Concepción Carhuancho al permitir que venciera el pazo de prisión preventiva, teniendo en cuenta su conocido apresuramiento (no es lo mismo que celeridad) al impartir justicia selectiva. Entonces, ¿por qué ha demorado este proceso sin que a dicha fecha expida sentencia?, y ¿habría ordenado la excarcelación si el procesado hubiese sido la señora Keiko Fujimori o algún otro miembro del partido político Fuerza Popular?.

Como bien refiere El Comercio “De otro lado, La situación, además, adquiere ribetes particularmente dramáticos en un contexto en el que la inseguridad ciudadana mantiene en vilo a todos los peruanos. ¿Cómo podemos pretender que el Estado haga cumplir la ley cuando el diseño del sistema (y la irresponsabilidad de quienes lo componen) permite que probados criminales estén en las calles? Es evidente que existe una peligrosa desconexión entre quienes dictan las medidas restrictivas para estos y quienes deben hacerlas efectivas. Y no olvidemos que el caso que nos ocupa concita interés mediático, por lo que es probable que sea solo uno de muchos que no llegamos a conocer” ^[2].

Agregar que el ahora nuevo prófugo estará de seguro en el deteriorado Programa de Recompensas del MININTER, sumándose a la larga lista de “los más buscados” y otra tanta que la siempre expeditiva policía política DIVIAC no puede (o no quiere) encontrar. ¿Por cierto, sabrá el señor Vizcarra que su predilecta División Policial aún no captura al ex-Congresista Donayre y ex-Gobernador Regional Félix Moreno?.

Coincidimos en que es de gran relevancia la lucha frontal contra la corrupción. Para alcanzar esto, también es importante que nuestras autoridades cumplan con conocer y hacer saber las competencias funcionales que les tiene asignada la norma, toda vez que -como lo dijimos líneas arriba- sucesos como los antes descritos mellan el honor y dignidad de nuestros valerosos militares de las Fuerza Armadas, pues así como gritamos a viva voz “Con mis hijos no te metas”, estos señores son también hijos de nuestro Perú, nobles herederos de los insignes héroes Cáceres y Bolognesi.

¡¡¡¡ Recordémoslo siempre !!!!.

Fernando Valdivia Correa

Abogado

Cel. 945680439

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Email: fvaldiviacorrea@hotmail.com

Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional

Egresado de la Maestría en Comportamiento Organizacional y de Recursos Humanos