Gobierno colisionado

Han transcurrido ciento treinta y cinco días desde que Martín Vizcarra cerró inconstitucionalmente el Congreso de la República, aludiendo obstruccionismo por parte del primer Poder del Estado. Convocó a elecciones complementarias, las mismas que se llevaron a cabo el pasado 26 de enero cuyos resultados conocidos nos hace presumir que tendremos un Parlamento fragmentado de cara al Bicentenario. Mejor imposible para el gusto del Dictador. Por ello, el precario gobierno (insistimos en esta definición) ha emitido sesenta y siete Decretos de Urgencia, sin fiscalización y/o control alguno, que serán revisados por el entrante Congreso para analizar la constitucionalidad o no de cada uno de ellos.

Sin embargo, un reciente reportaje del programa dominical Panorama dio cuenta de un conflicto de intereses entre el entonces Ministro de Energía y Minas y la corrupta Odebrecht. Liu Yonsen confirmó haberse reunido este 23 de enero con representantes de dicha empresa en su Despacho a pedido del hasta ese momento Procurador Ramírez. Al día siguiente, el ahora ex-Procurador señaló que dicha reunión fue coordinada por la Ministra de Justicia, agregando luego que también tenían conocimiento el Premier y el Presidente. Cual efecto dominó, cesaron a Liu y Revilla, agregándose a la lista Flor Pablo y Edmer Trujillo, de Educación y de Transportes y Comunicaciones, respectivamente (este último era previsible desde hacía tiempo su cese por su complicada situación en la Fiscalía de Moquegua).

Como era lógico, todas las miradas recayeron en Vicente Zeballos, pues no solo sabía de esta reunión con la mafiosa Odebrecht, sino que además se la ocultó a Vizcarra, al considerarla sin mayor trascendencia. No obstante, el propio Vizcarra declaró -por enésima vez- que su gobierno combate la corrupción, mientras que en paralelo su Premier manifestó no negociar con delincuentes. Y, haciendo gala de ser un gobernante teflón, presuroso designó a los reemplazantes de los cuatro ministros cesados.

Aun así, las reacciones políticas no se hicieron esperar, inclusive de la prensa palaciega, al punto que un reconocido periodista, afín al media training, soslayó “En cada explicación que dan enredan más las cosas para entender qué ha pasado con un gobierno que se tropieza al caminar”.

Para acallar los crecientes rumores de la calle, ya no solo por ineptitud sino por el caos permanente al interior del gobierno, Vizcarra nos trajo dos nuevos psicosociales. El primero, la sentencia anticipada (por supuesto con show mediático de por medio) al ex-alcalde de Lima Castañeda, investigado innumerables veces por indeterminados delitos, y que justo el día de San Valentín (un día después de la juramentación de los nuevos ministros) se le ordenó prisión preventiva por veinticuatro meses. Culpable o no, el tiempo y su debido proceso lo determinará, pero cuestionable -una vez más- el uso desmedido de esta figura jurídica de excepción por parte de operadores de justicia palaciega.

Lo segundo, las declaraciones del acomedido Ministro Morán amenazando que los congresistas no contarán con seguridad personal. El aplausómetro, verdad?. Bueno, el señor Morán debe tener presente que el Artículo 98° de la Carta Política refiere que “El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso”. Por lo tanto, decidir si corresponde o no seguridad personal a los parlamentarios no es decisión del gobierno, sino del propio Parlamento.

El prestigioso Diario El País (15.02.2020), en una reseña de la situación vivida en El Salvador a propósito de la inconstitucional arremetida -con presencia militar y policial- del Presidente Nayib Bukele en el Parlamento de su país, dijo: “la presidencia ….. está marcada por el nepotismo, la opacidad, el insulto constante a cualquier adversario, el veto más descarado a medios de comunicación críticos y la respuesta agresiva a cualquier señalamiento de conflicto de intereses o posible corrupción en su Gabinete”. Salvando la distancia geográfica, esto es lo que ocurre con el señor Vizcarra, cuyo gobierno seguirá cuesta abajo, con discursos monotemáticos grandilocuentes, un premier cada vez más desgastado (forzado a quedarse al no encontrársele reemplazo), sin obras que mostrar y con poco o nula ejecución en la calidad y cantidad del gasto público, aunado a la creciente brecha social en la que permanecemos. Urge, por tanto, que el Parlamento entrante persuada al Dictador deponer su temeraria actitud de continuar gobernándonos y ponga en mesa su renuncia inmediata; o promover y efectivizar su vacancia por incapacidad moral.