Vizcarra sigue discriminando a la población vulnerable

Algunos centros de abastos han prohibido el ingreso a gestantes, adultos mayores y niños, so pretexto de ser población vulnerable ante el riesgo de contagio del Covid-19. Imágenes televisivas viendo como estas personas son retiradas en la puerta del mercado (después de estar haciendo cola más de dos horas), genera desconcierto y hasta reproche en la población, ante la inacción total por parte del gobierno del señor Vizcarra.

Esta disposición resulta inconstitucional e ilegal. El Artículo 137° de la vigente Carta Política señala que el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros dicta estado de emergencia por medidas sanitarias pudiendo suspenderse las libertades -entre otras- de tránsito. Atendiendo a esto, con fecha 11 de marzo pasado, el gobierno emitió el DS 008-2020-SA declarando la emergencia sanitaria a nivel nacional y por noventa días calendario, dictando medidas de prevención y control de la pandemia. Cuatro días después, se expidió el DS 044-2020-PCM declarándose la emergencia nacional (cuarentena) por quince días, ampliándose hasta el 10 del presente mes. En adición, el Ejecutivo dispuso el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos, así como la salida de solo una persona por núcleo familiar para efectuar compras.

Con tales restricciones, el gobierno pareciera no haberse preguntado que hace a una persona en gravidez o adulto mayor tomar la decisión de salir a comprar al mercado, y no a la tiendecita de la esquina. Acaso ¿aburrido/a en casa?, o quizá ¿ganas de fastidiar a la autoridad edil, o policial, o militar, ocasionando tumulto innecesario?. Evidente la respuesta: NO. Es por pura y simple necesidad: vive sola y no tiene a alguien que la asista; o, su pareja está laborando o no puede movilizarse por sí misma; o, los hijos, aunque mayores de edad, residen en otros distritos; etc.

Paralelamente, se ha presentado un traslado interno y masivo de peruanos (estimaciones nos indican alrededor 170000 personas) que desean retornar a sus tierras de origen o volver a la capital desde provincia. Llevan días esperando el tan ansiado y siempre postergado regreso al terruño. El gobierno ha dicho que esta tarea (llevarlos de regreso) le corresponde a las regiones. Estos últimos refieren estar coordinando con el ejecutivo. Pingpong entre autoridades obligadas a decidir más que por el traslado sino por el resguardo de la salud física y emocional de las personas varadas, quienes viven -si así puede llamársele a esta vejación- al pie de una carretera o en las afueras de un terminal terrestre, aunque siempre a la intemperie con un sol abrazador o frío entumecido.

Gente que, como cualquiera de nosotros, no tuvo culpa alguna de quedarse sin trabajo, sin un lugar donde vivir (la renta del alquiler se les venció y tuvieron que retirarse ante la amenaza de un desalojo express) y de qué alimentarse. El gobierno observa indignado y preocupado, pero sin nada que hacer, sabiendo que dentro de este grupo de forzados viajeros -al igual que en los mercados- hay gestantes, niños y adultos mayores.

Es este mismo gobierno que acaba de publicar el Decreto legislativo N° 1474, que fortalece los mecanismos y acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Resulta irónico, pues Vizcarra pretende lavarse las manos -o la cara- dándonos una norma que demuestra empatía hacia las poblaciones vulnerables, mientras que, por un lado, miles de compatriotas hambrientos y extenuados deciden a su suerte retornar a sus lugares de origen; y de otro, cientos de peruanos deben buscar algún familiar o vecino que sea piadoso y vaya al mercado a hacerles las compras que tanto urgen para subsistir en el día a día. En ambos, marginación y desinterés total por parte de este gobierno cuyo lema de “El Perú primero” va quedando solo para el mustio recuerdo.