Gueto Morado

TO BE CONTINUED. Frase americana comúnmente utilizada cuando una serie de televisión (o cable) debe proseguir. Lo mismo ha ocurrido en el Perú, pues el pasado 27 de enero, nuestro rapsoda Sagasti promulgó el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM prolongando el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional hasta fines de este mes, e imponiendo -nuevamente- el fallido toque de queda en la capital hasta el día de San Valentín.

Sin embargo, la misma norma dispone la implementación de CENTROS DE RETENCIÓN TEMPORAL para la detención de ciudadanos que infrinjan las medidas sanitarias, hasta por cuatro horas. Como es ya costumbre, para la prensa áulica esta delicada noticia ha pasado, y seguirá así, desapercibida. Elice, el gandul ministro del interior, ha respondido que la idea de estos centros no es reprimir sino cuidar, y prevé la creación de treinta establecimientos en todo el país. Además, algunos políticos afines al establishment reconocieron que no hay suficiente espacio en las comisarías.

A la supuesta buena intención del gobierno morado, cabe preguntarnos ¿cuál es la necesidad?. Debemos tener presente que cuando una persona se encuentra en la calle (saliendo o retornando a casa) en pleno toque de queda comete una infracción ADMINISTRATIVA, y por ende debe ser sancionada. No comete delito. Así, el efectivo policial identifica al infractor (incluyendo que no tuviera requisitoria), procediendo a multarlo, y seguidamente le pide que se retire a su hogar. Este procedimiento tomaría entre cinco a diez minutos aproximadamente. En caso las personas intervenidas fuesen más de dos (por no decir una multitud), la autoridad policial pide refuerzos y realiza el mismo procedimiento, siempre en el lugar de los hechos. Esto último tomaría una hora aproximadamente. A partir del día siguiente, el ciudadano infractor paga su multa y prosigue con su vida.

Dicho esto, en primer lugar, tenemos el costo y mantenimiento de implementación de estos centros. El municipio miraflorino anunció como si de gran logro de ejecución presupuestal se tratase, la inauguración de un centro de reclusión. ¿Quién pagará la factura? Todos nosotros evidentemente. Sería mucho mejor, entendiéndose como de mayor utilidad, que ese dinero derrochado sea invertido en la adquisición y distribución de productos de primera necesidad a la población vulnerable. Segundo, la distancia entre el lugar de la comisión de la infracción y el centro de reclusión. Suele ocurrir que el lugar de comisión está cerca de casa para poder regresar caminando. Si el centro de reclusión se encuentra a más de media hora, ¿encontrarán taxi, colectivo, o bus, al salir, máxime si es de madrugada?. Lo más probable es que no, exponiendo innecesariamente a esta población a peligros de robos u otros delitos conexos. Por cierto, repito: ¡¡¡Elice nos cuida!!!!. Tercero, el tiempo de implementación versus el tiempo de duración del toque de queda. Si esto último durará dos semanas (y contando), ¿por qué poner en marcha fantasmagóricos proyectos que prontamente deberían ser desmontados? ¿O es acaso el preludio de una inacabada cuarentena para ocultar las graves y serias deficiencias de gestión pública por parte de este accidentado gobierno?.

Está claro que esta medida tiene un afán de persecución ciudadana, amén de atentar contra la dignidad humana. En una sociedad democrática fundada en el derecho como la nuestra (incluyendo la coyuntura electoral para elegir Presidente, Vicepresidentes, Congresistas y Parlamentarios Andinos), transgredir normas administrativas no debiera conllevar a la detención y/o retención del ciudadano. La actitud reprochable de un ciudadano al encontrarse en el lugar y tiempo incorrecto, merece una sanción. Pero, ¿estar enjaulado? NUNCA.