La transparencia en la adquisición de las vacunas: una verdad bastante incómoda

Haciendo un balance de los primeros seis meses de su gobierno, el Presidente de Transición, Francisco Sagasti, afirmó que contamos con más de sesenta millones de dosis para vacunar contra la Covid-19 a todos los mayores de 18 años antes de cerrar el 2021. Aplausos y reconocimiento para el actual mandatario. Paralelamente, hace unos días fue publicada en El Peruano la Resolución Ministerial N° 640-2021-MINSA por la que se clasifica como información RESERVADA en el Ministerio de Salud, a aquella que se emita en la etapa de negociación, contratación y ejecución contractual para la adquisición de la vacuna contra la Covid-19, agregando que dicha condición operará hasta: i) que operen cláusulas de extinción de reserva o confidencialidad de la información; ii) se libere antes la misma o una parte de ella; iii) acuerdo entre las partes contratantes; iv) o se extinga el riesgo de perjudicar la acción del estado en el objetivo de vacunar a toda la población.

Interesante, aunque de inmediato surge la interrogante ¿qué tan válido nos resulta conocer sobre el procedimiento de compra de la vacuna, máxime si se trata de una herencia que deberá asumir el próximo gobierno?. Por regla general, toda información que posee el Estado peruano es considerada de acceso público, siendo lo excepcional cuando la misma sea declarada secreta, reservada o confidencial. Corresponde a la entidad motivar (fundamentar) las razones del porqué la exceptuación a compartirla. A su vez, para que una determinada información sea reservada debe cumplir con dos supuestos, entre ellos, textualmente “Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático”.

En el caso que nos ocupa, la adquisición de vacunas comprende -cuando menos- las siguientes etapas: i) negociación, ii) contrato, y iii) entrega con cronograma. Para la primera, es evidente que NO existe acceso a información. En la segunda, aquello relacionado con cantidad y precio por unidad (o paquete), es de conocimiento público. Y, la tercera, es también público saber las fechas (aunque probables) que arribarán a nuestro país. De esto último, entendemos que si bien no debe existir una fecha exacta debido a la alta demanda del producto en el mercado internacional (compromisos previamente asumidos por estos laboratorios con otros países), tampoco es que vayamos a esperar paciente y eternamente, además de seguir vinculados a obligaciones contractuales, mientras en el camino siguen muriendo miles de compatriotas.

A esto último añadir que esta información no está referida a compra de material bélico, ni pretender revelar planes de inteligencia de nuestra PNP o FFAA, sino a un producto que salva nuestras vidas. Asimismo, debemos tener en consideración el FACTOR COMERCIAL, pues existen dos partes (una, la que vende: Laboratorio, y otra, la que compra: Estado Peruano, específicamente el actual gobierno), y en estas compras se gastan millones de soles (en realidad dólares), que sale literalmente “del bolsillo de todos los peruanos”. En suma, es un negocio para los laboratorios. Eso está bien. Lo que no, es que ese mismo negocio sea también compartido por malos funcionarios públicos. Evitamos esto, transparentando la información, no ocultándola, así sea bajo el paraguas de la excepcionalidad.

Quedamos a la espera de una oportuna y sana rectificación por parte del gobierno. O quizá de una mayor explicación y/o aclaración sobre el tema.