Defensoría propone al Estado cambio de modelo en tratamiento de niños abandonados

Sobre el particular, Merino dijo que es necesario dejar de ver a estos menores como objetos de protección y pasar a tratarlos como sujetos de derechos.

“Les proponemos un cambio de modelo, un cambio de paradigma, que consiste en pasar de un sistema benéfico a uno especializado, dejando de mirar al niño en estos centros como un objeto de protección y pensar en él como un sujeto de derechos, y además reorientarlo a la reinserción familiar”, puntualizó Merino en declaraciones a la prensa.

Tras manifestar que no se puede construir un país que no se preocupa por sus niños, Merino dijo que cuando los menores han sido abandonados por sus padres no deben ser institucionalizados por más tiempo que sea el estrictamente necesario para que puedan volver a un ámbito familiar.

“Se trata de una revolución, de una mirada moderna, diferente, de cambio. Que toda la mirada del Estado está dirigida no sólo a protegerlos, a tratarlos bien, sino a reinsertarlos en las familias, porque estos centros no sustituyen el afecto de la familia”, insistió la titular de la Defensoría.

En tal sentido, la defensora adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Mayda Ramos, precisó que una de las recomendaciones que se plantean en esta propuesta es la de incrementar la asignación presupuestal a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los CAR.

Informó que la Defensoría ha dirigido esta recomendación al Ministerio de la Mujer, al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a los titulares de los gobiernos regionales.

Calificó de ínfimo el sueldo que actualmente reciben las denominadas madres sustitutas que trabajan en estos CAR, y que son responsables del cuidado de diez o más niños cada una.

“Ellas permanecen a veces las 24 horas con grupos de 10 o más niños.
Sin embargo, el sueldo que perciben es de alrededor de 750 nuevos soles”, aseveró Ramos.

La titular de la Defensoría presentó esta mañana el informe “El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia: La situación de los centros de atención residencial estatales desde una mirada de la Defensoría del Pueblo”.

Merino dijo que el 82 por ciento de los psicólogos entrevistados, pertenecientes a estos centros, señaló que el trabajo con las familias sólo se efectúa en algunos casos; mientras que el 9.8 por ciento expresó que tal labor no se realiza.

Merino señaló que dicho estudio –realizado luego de una supervisión de 80 CAR– revela, asimismo, que en el 56.8 por ciento de los centros los menores de edad residentes no cuentan con espacios propios y privados para guardar sus pertenencias; mientras que en el 54.2 por ciento, el acceso a los dormitorios se encuentra restringido durante las horas diurnas.

“La realidad recogida en este informe defensorial nos lleva a sostener que en nuestro país todavía constituye una tarea pendiente la construcción de un verdadero sistema de protección para la niñez y la adolescencia en situación  de abandono.” 

Cabe resaltar que los CAR (anteriormente denominados albergues, hogares o aldeas) son administrados por el Estado a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), de las sociedades de beneficencia pública y de los gobiernos regionales.

Andina