EMBOSCADAS

Ante un fenómeno político nuevo, se cae en la tentación de subestimar o magnificar las consecuencias del hecho. La emboscada perpetrada en el valle del rio Apurimac donde fueron muertos 15 militares ha generado diversas evaluaciones.

En un extremo se ha manifestado que los atacantes son una pandilla. En consecuencia es un asunto policial y deben retirarse las fuerzas armadas. De otro lado se ha afirmado que el cultivo de cocales es el principal problema del país y que estamos colombianizándonos. Ergo, debe convocarse a tropas extranjeras para que nos ayuden a pacificar esa zona.

La primera posición es equivocada. Si bien existen cuerpos de elite en la policía, está demostrado que los 300 neosenderistas conocen hace años la agreste quebrada y utilizan armas de largo alcance y potente calibre.

La segunda tesis es antojadiza. En Colombia la guerrilla se remonta a la década de 1940 en que liberales y conservadores dirimían sus diferencias a machetazos. En 1966, los sobrevivientes que resistieron en los llanos orientales asumieron la ideología marxista y con la ayuda de Cuba y la Unión Soviética empezaron a crecer llegando en el 2000 a tener más de 18,000 hombres armados. Manejando extensas regiones liberadas, las Farc también obtuvieron ingresos económicos cobrando rescates millonarios de personas secuestradas y exportando toneladas de cocaína.

El presidente antioqueño Álvaro Uribe ha logrado que Estados Unidos lo ayude con 6 mil millones de dólares para la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Empero, desde el 2002, mas de mil asesores y militares yankis están destacados en la patria de Francisco Santander. El aporte gringo ha sido eficaz. Tanto es así que las Farc ahora solo cuentan con 8 mil guerrilleros.

No podemos comparar nuestra situación con el vecino norteño. Las Farc han tenido jefes como Manuel Marulanda, Raúl Reyes y actualmente Alfonso Cano. Personajes con una experiencia política y nivel educativo inmensamente superiores a la camarada Olga que dirige a los sediciosos apurimeños.

Con un gran soporte logístico, el ejército peruano en los próximos meses podría eliminar a las columnas que hoy dominan el VRAE. Empero, un tiempo después, los barones de la droga volverán a armar a otros grupos que les brinden seguridad.

El mercado de la coca en el país es de 800 millones de dólares anuales. No llega ni al 1 % del PBI. Sin embargo, no habrá solución final mientras que el negocio de la cocaína rinda tantas altas utilidades.