Cuando tenemos a decenas de miles de compatriotas nuestros que afirman que defenderán hasta las últimas consecuencias lo que ellos consideran su hábitat pues están convencidos que sus tierras, su agua, su aire, ellos mismos en suma, están amenazados por decisiones tomadas desde Lima por el gobierno central, entonces tenemos poderosas razones para prestar mucha atención a lo que viene pasando y a las implicancias que un mal o equivocado manejo de la situación puede tener no sólo para esos miles de peruanos, si no para la nación en su conjunto y, por ende, para nuestro sistema democrático. Ello involucra, también, en lo que a los apristas concierne, evaluar cómo afectará esto al APRA, uno de cuyos miembros es presidente de la República y otro preside el Congreso, e inevitablemente sus decisiones terminan impactando, en un sentido o en otro, al Partido de Haya de la Torre.
Creo sinceramente que el compañero presidente Alan García está cometiendo un grave error en cuanto a los decretos legislativos y supremos que generan el impasse. Así como estimo que está equivocado el planteamiento del Ejecutivo de cómo promover las inversiones, en este caso, en lo relativo a la Selva del Perú. Esta sucesión de errores está llevando a un innecesario e indeseado enfrentamiento con las poblaciones amazónicas que son compatriotas nuestros.
A estas alturas del siglo XXI no es posible que el c. presidente Alan García, el canciller García Belaúnde, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, en su afán de forzar la aplicación a ultranza de un modelo económico ineficiente y en decadencia en el planeta, ignoren e incumplan la ley. Y aquí la ley es el Convenio 169 y otros instrumentos igualmente exigibles al Estado peruano, por sobre cualquier otra norma interna. Porque esos decretos legislativos y supremos que motivan la resistencia amazónica son expresión de cómo algunos entendían la economía en los 80 y 90… pero ya no más. Y es que sucede que el fundamentalismo ideológico neoliberal de esas décadas pasadas es algo que hace tiempo ha sido puesto reflexiva e inteligentemente de lado por los gobernantes y estadistas que distinguen bien la teoría de la realidad.
Por ello, ¿cómo es posible que los principales responsables de las decisiones de Estado, incluyendo por supuesto al premier Yehude Simon (quien hasta ha hablado de "guillotina" y "baño de sangre"), y al Poder Legislativo, no hayan sopesado, en tantos meses transcurridos desde que empezó a gestarse el conflicto, las diferentes aristas y aspectos del problema?; ¿cómo es posible que los ministros referidos, y por último, los otros miembros del Consejo, no hayan cumplido con advertir al presidente García sobre la gravedad de enfrentar, abiertamente y sin fundamento legal válido, a decenas de miles de peruanos que en estos momentos se sienten agredidos por su propio Estado en vez de protegidos por él?; ¿no es responsabilidad de los ministros de Estado advertir también sobre las serias implicancias de que el Perú incumpla desafiantemente sus compromisos internacionales?. Pues de ninguna manera se puede asumir que desconocen esas obligaciones y la jerarquía de las mismas por lo que, entonces, es lógico inferir que en todo esto hay un serio problema de responsabilidad política, de temperamento ministerial y, lo más evidente de todo, del proceso de toma de decisiones al más alto nivel del Estado, lo que a la larga perjudica a la nación peruana, es decir, a todos nosotros.
¿No le han dicho, finalmente, al Presidente que si este caso llega a las instancias internacionales, durante éste o el próximo gobierno, se augura una segura derrota para el Estado tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte de San José?
Algunos pretenden defender la posición aparentemente inflexible que hasta ahora ostenta el Gobierno, en la imputación de inconductas al señor Alberto Pizango y a otros dirigentes que estarían "manipulando a las comunidades y haciendo demagogia"; y en la existencia de las ONGs denominadas "caviares", que por la persistencia del ataque a ellas uno creería que son las responsables de gran parte de los males que aquejan al país. Sin entrar al fondo de esto, en todo caso el señor Pizango tendrá que levantar los cargos como corresponde. Pero creo que, nuevamente se equivocan en el planteamiento del problema pues ello no es lo central ni lo principal del conflicto ad portas. Y se pierde valioso tiempo, aparte del desgaste político, en pretender acusar de sedición a esos dirigentes por haber llamado en algún momento a la insurgencia (*). Figura de ninguna manera pertinente y situación límite (para la cual algunos ya piden la represión sangrienta) que no haría sino empeorar la situación general del Perú.
El problema central, creemos, es ótro. Y tiene que ver con cómo concebimos al Estado en relación con nuestras poblaciones, cómo entendemos que pueden y deben ser las relaciones con las distintas expresiones culturales y étnicas que pueblan nuestro territorio. Tiene que ver con cómo conciliamos, sin violencia, ni imposición, ni racismo, nuestras decisiones de Estado en el ámbito económico y productivo con las perspectivas y visiones de quienes forman parte de la nación peruana que deben ser escuchados y atendidos, y en nombre de quienes, supuestamente, se gobierna.
¿De eso se trata la democracia no?
Por ello, aquí no caben extremismos, ni posiciones intransigentes, ni fundamentalismos ideológicos. Y de allí la invocación al Gobierno, desde estas líneas a la actitud reflexiva, al autocontrol en el uso de la fuerza, y a la moderación en el uso del lenguaje. Y esperamos que el ministro Simon no vuelva a hablar de "baños de sangre" ni de "guillotinas".
El impacto contra el APRA
Pero si me permiten, hay algo más. Si el c. Alan García ha optado por el camino inflexible del modelo ultra-neoliberal, ésa es su decisión. Lo que sí resulta injusto y excesivo es que en ello comprometa también al Partido de Haya de la Torre, sin haber hecho un mínimo de consultas a ese importante número de peruanos que lo hizo pasar de la primera vuelta y lo llevó, en segunda vuelta, al triunfo sobre el señor Ollanta Humala. Y no me refiero a consultar a la actual dirigencia nacional cuyo mandato feneció en junio del 2006 y que se ha caracterizado por un silencio permanente en temas neurálgicos de Estado.
Por la razón anterior no creo fuera de lugar señalar y reiterar que debe quedar muy claro que las decisiones tomadas en este tema y que han llevado a esta grave situación de confrontación con decenas de miles peruanos que viven en nuestra selva, no forma parte de la concepción, ni del programa, ni de la filosofía del APRA, ni del pensamiento de Haya de la Torre. Y si algunos sostienen lo contrario pues entonces, respetuosamente solicito que se someta formalmente a consideración de la opinión de los cientos de miles de apristas en toda la República que podrían expresarse orgánicamente una vez que se haya producido la renovación democrática y transparente de sus dirigencias regionales y nacional.
Lima, 19 de mayo, 2009
Por Luís Alberto Salgado T.
*Al momento de escribir estas líneas los dirigentes de las comunidades se han retractado y han anunciado su voluntad de restablecer el diálogo, a pesar de tantos meses transcurridos de infructuosas negociaciones con las instancias del Estado.
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