
Yehude Simon, hay buenas razones para que se vaya
En mi anterior artículo respaldé sin reparos al gobierno en respuesta a quienes pretendían culparlo de las muertes registradas en Bagua y encubrir así a los verdaderos asesinos, quienes desde hace tiempo vienen propiciando la violencia para desestabilizar al sistema democrático.
Lo apoyé además porque hasta ese momento el Ejecutivo había asumido una posición principista de defensa de la Policía Nacional, la cual había hecho uso legítimo de la fuerza después de haber sufrido una emboscada en la Curva del Diablo y una matanza a sangre fría en la estación 6 del oleoducto.
Había que respaldar al gobierno porque el lobby de las ONG ambientalistas de izquierda desató una campaña internacional de desprestigio contra la democracia peruana, presentándola ante el mundo como una régimen genocida y racista, y ocultando adrede la masacre perpetrada por los golpistas infiltrados en la protesta amazónica.
Ahora que ha quedado claro que la única matanza ha sido la de los 24 policías asesinados, tal como lo ha reconocido ante el mundo el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, es necesario deslindar las responsabilidades políticas derivadas de tales hechos.
En tal sentido, creo que el Congreso de la República debe negarle la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, por haber mostrado incompetencia en el manejo de la crisis, y por haber propiciado que los enemigos de la democracia se hayan salido con la suya socavando impunemente el estado de derecho y el principio de autoridad, pilares fundamentales de nuestro sistema político.
Simon se comprometió a resolver la huelga de los pueblos amazónicos y durante casi dos meses fue incapaz de hacerlo. Más bien fortaleció a los grupos radicales que se montaron sobre los reclamos de nuestros compatriotas selváticos, acaso pensando en aquellos como un futuro capital electoral para su candidatura presidencial.
Fortaleció en particular al grupo de Alberto Pizango al aceptar la exigencia de éste de ser el único interlocutor con el Estado, a sabiendas de que aquel estaba siendo digitado por el lobby de las ONG ambientalistas que buscan impedir el desarrollo económico de nuestro país con el pretexto de defender el hábitat amazónico.
Con tanto tiempo en la política, Simon no pudo ser tan ciego para no ver los intereses que se estaban moviendo detrás de la protesta, más aún si estaban siendo denunciados por diversos analistas políticos y por miembros del propio gobierno. ¿No los vio o no los quiso ver?
Tampoco pudo ser tan ingenuo para creer que quienes estaban calentándoles la cabeza a los nativos con la mentira de que el estado iba a quitarles sus tierras y el agua iban a permitir que se produzca una salida pacífica al problema. No se necesita ser un genio para saber que el chavismo está gastando mucho en financiar asonadas contra nuestra democracia.
¿Acaso Simon jamás escuchó hablar de las Casas del Alba, del cura Arana y su Conacami, del tal Palacín y de otros que se dedican a tiempo completo, y con mucho dinero, a buscarle tres pies al gato para frustrar las inversiones extranjeras en nuestro país?.
Algo que rebasa todo límite es como Simon pudo tolerar que los nativos tuvieran secuestrado a todo el contingente policial de la Estación 6 del oleoducto norperuano durante dos meses sin hacer nada al respecto. En este punto la ministra Cabanillas también tiene que asumir su responsabilidad política dejando el cargo.
Todo indica que la estrategia "brillante" que eligió el gobierno fue desempolvar la vieja "mecedora" de Jorge Del Castillo, heredada de Toledo y Paniagua, la misma que solo sirve para postergar los problemas en vez de resolverlos. La receta mediocre de la "mesa de diálogo" que jamás soluciona nada.
Lo dijimos en esta columna en su momento: con Del Castillo se impuso la fórmula "toma tu puente, secuestra tu policía, y el gobierno atenderá tu reclamo". Ahora con Simón la cosa es más grave: "Mata más de diez policías y te atenderemos ya, sin problemas".
Esta es la principal razón por la que el Congreso debe negarle su voto de confianza a Yehude Simon, cuando éste acuda a pedírselo.
La censura a Simon también es la única manera en que el Congreso puede limpiarse del baldón que ha sufrido al haber sido obligado a derogar los decretos leyes bajo la presión de la revuelta y de las puntas de las lanzas.
Esa decisión ha herido gravemente al estado de derecho y a la democracia, y la única manera de enmendarlo es censurando ahora al responsable político de haber llegado a tal situación, el presidente del Consejo de Ministros.
La censura a Simon debe ser además un mensaje inequívoco a los jefes nativos de que la democracia ha cedido hasta aquí en aras de la paz, pero de ahora en adelante todos tendrán que respetar el estado de derecho, la autoridad y el orden constitucional, o de lo contrario tendrán que atenerse a las consecuencias.
Cuidado, cuando hablamos de firmeza no pedimos una carnicería humana, sino efectividad en el uso legítimo de la fuerza, con el menor costo social posible, porque existen métodos policiales incruentos muy efectivos para poner orden, como lo vimos en el desalojo del Mercado de Santa Anita. Con inteligencia, decisión política y recursos, todo se puede.
Lo que no se puede más es ceder ante la amenaza y ante la violencia callejera, ante la asonada golpista y el reclamo intransigente que busca en el fondo objetivos políticos subalternos a los que les importa un rábano los intereses de los pueblos.
Ya es hora de que las fuerzas políticas democráticas del Congreso, y el propio presidente Alan García, se pongan bien los pantalones y le adviertan a los ultras y golpistas que la democracia es tolerante, pero jamás débil con quienes pretenden destruirla.
García también tiene una responsabilidad política evidente en este problema porque ha sido el gran ausente de la crisis pese a que ésta ha abarcado a varias regiones de nuestra Amazonía. Es increíble que el presidente haya zafado el cuerpo en un tema tan delicado y haya permitido que la crisis se quede sin resolver casi dos meses.
Se equivoca García, y cae en la soberbia, cuando sostiene que prevalecerá la venganza si el Legislativo censura a Simon. No tiene que asumirlo como una derrota sino como un ejercicio legítimo del sistema para enmendar los errores políticos graves.
Le hará mejor a su gobierno renovar el Gabinete con gente que sepa enfrentar y manejar situaciones críticas, pues Simon acaba de abrir las compuertas del caos al haber cedido ante la fuerza de las turbas. El mayor desafío del nuevo Gabinete será frenar esa espiral nefasta de asonadas y revueltas que apunta a desestabilizar al propio gobierno y a la democracia.
Una razón más para que se vaya Simon: la muerte de nuestros 24 policías asesinados en Bagua no puede quedar en un sacrificio vano, debemos honrar la memoria de los fallecidos y la mejor manera de hacerlo es poniéndole punto final a la funesta era actual de democracia blandengue y pusilánime.
El presidente García tiene la oportunidad de iniciar una nueva etapa en la que la democracia haga respetar los límites claros que existen entre protesta y subversión, reclamo justo y sabotaje, reparo legítimo y afán desestabilizador. Lo que todos queremos, al fin y al cabo, es fortalecer nuestro sistema político para asegurar nuestro desarrollo, nada más.
Por Víctor Robles Sosa
Periodista
Director Ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (IPADES)
E-Mail: victor.robles.sosa@hotmail.comBlog: http://victorrobles.wordpress.com