
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, expresó hoy gran preocupación por las tensiones políticas e institucionales en Honduras, y urgió a todas las partes a mantener la calma.
Ban consideró importante que los líderes del país centroamericano actúen con pleno apego a la ley y a las instituciones democráticas, y los urgió a alcanzar un consenso mediante un diálogo pacífico e incluyente.
Horas antes, la misión de Honduras ante la ONU, los países del ALBA y el presidente de la Asamblea General del organismo internacional, el nicarag'ense Miguel D´Escoto, denunciaron y condenaron "el golpe de Estado en curso" en Honduras.
En una declaración enviada a la ONU, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) denunció ante la comunidad internacional el presunto intento de algunos sectores hondureños por derrocar al presidente José Manuel Zelaya.
La Alianza Bolivariana está compuesta por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras, Ecuador, San Vicente y Granadinas, y Antigua y Barbuda.
"Este golpe de Estado en curso está dirigido a obstaculizar la consulta popular convocada para definir si el pueblo está de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución", señaló el grupo en un comunicado.
El texto subrayó que la acción golpista es contraria a la aspiración del pueblo hondureño de ser tomado en cuenta mediante consultas y llamó a la comunidad internacional a rechazar el supuesto intento de ruptura del orden constitucional democrático del país.
Por su parte, luego de una reunión con Jorge Arturo Reina, embajador de Honduras ante la ONU, D?Escoto, condenó enérgicamente el supuesto intento golpista contra el presidente Zelaya y llamó a las partes a un diálogo pacífico y a respetar el orden constitucional.
"Pensábamos que en América Latina en general y en Centroamérica en particular, los días oscuros de golpes militares e interrupciones de procesos democráticos eran un asunto del pasado", lamentó D?Escoto.
CONSEJO PERMANENTE DE OEA APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE HONDURAS
El secretario general del organismo, José Miguel Insulza, deberá constituir con urgencia una comisión especial que visite el país.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy por consenso unánime una resolución de tres puntos sobre la situación en Honduras, país que atraviesa una crisis institucional que enfrenta al Presidente Manuel Zelaya con el Congreso y la Corte Suprema.
Según un comunicado de la OEA, difundido hoy en Washington, el primer punto establece que el Consejo Permanente acoge la petición del gobierno de Honduras "de prestar apoyo para preservar y fortalecer la institucionalidad democrática del país, dentro del marco del Estado de Derecho".
En segundo lugar, se hace una llamado a todos los "actores políticos y sociales para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho a fin de evitar la ruptura del orden constitucional y de la paz social que pueda afectar la convivencia entre los hondureños".
Por último, se pide al secretario general del organismo, José Miguel Insulza, "que constituya, con carácter de urgencia, una comisión especial que visite Honduras, con la finalidad de hacer un análisis de los hechos y contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones democráticas a la situación existente e informar de sus gestiones al Consejo Permanente".
Honduras está sumido en una crisis política tras la destitución del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, ya que éste se negó a que la institución se viera involucrado en la encuesta convocada por Zelaya para el domingo en la cual se pedirá que se llame a una asamblea constituyente.
Zelaya destituyó al general Vásquez Velásquez, quien fue inmediatamente restituido en el cargo por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo Permanente de la OEA, cuya reunión extraordinaria fue convocada por Honduras, indicó que tomó la resolución debido a que está "preocupado" de que los hechos ocurridos en el país centroamericano puedan "poner en riesgo su proceso político institucional democrático y el ejercicio legítimo del poder".