Propuesta chilena para medir gastos de defensa

Durante la 40ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Lima entre los días 6 y 8 de este mes, el Canciller chileno, Alfredo Moreno, reiteró que su país mantiene absoluta transparencia respecto a la compra de armamento, poniendo como ejemplo el mecanismo de homologación de gastos militares que ha desarrollado con Argentina, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), añadiendo que su país espera implementarlo con el Perú.

Al respecto, dicho mecanismo se refiere a la “Metodología estandarizada común para la medición de gastos de defensa” entre Argentina y Chile, elborada por la CEPAL y desarrollada durante casi tres años –entre el último trimestre de 1999 y agosto de 2001– sobre la base de datos de ambos países del período 1996-1998, los contenidos de sus Libros de Defensa Nacional –de Chile (1997) y Argentina (1999) –, así como de bases metodológicas de diferentes fuentes internaciomales sobre gastos de defensa.

El economista norteamericano, Thomas E. Scheetz, especialista en economía de defensa, efectuó en el 2004 una evaluación a esta metodología cepalina, concluyendo que las adquisiciones bélicas chilenas no están transparentadas por la vigencia de la Ley Reservada del Cobre; que se evidencia falta de acceso a información central; y además existen errores que dificultan la definición contable operacional.

Desde el año 2001 Perú y Chile vienen intentando implementar esta metodología, e inclusive en enero de 2005 ambos gobiernos aceptaron una propuesta de la CEPAL en conformidad con el documento “Términos de Referencia para la Medición Estandarizada de los Gastos de Defensa entre Perú y Chile”, lo cual nunca se concretó debido a que Chile se encontraba incurso en una carrera armamentista y por haber suspendido las reuniones del 2+2 cuando el Perú confirmó que presentaría su demanda marítima contra ese país en noviembre de 2007.

En este contexto, en julio próximo vendrá al Perú una delegación del Ministerio de Defensa chileno para analizar los mecanismos a seguir y escuchar las propuestas que el Perú tiene de la materia. Su resultado será infructoso considerando el abismal poder combatiente relativo chileno en relación al Perú, así como la vigencia de su Ley Reservada del Cobre que no permite conocer o estimar gastos anuales en compras o mantenimiento bélico. Esta disimilaridad desvirtuará cualquier proceso de medición u homologación del gasto militar que coadyuve a su transparencia y reducción como medida de confianza mutua.

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