Chantaje Nacional: El paro indefinido en Doe Run

Foto: Justo Medio

El paro indefinido en Doe RunEditorial La República 15 de junio de 2010La empresa Doe Run, que mantiene paralizadas sus actividades en La Oroya desde hace más de un año luego de haber exportado utilidades por más de un decenio, pidió y obtuvo hace un año de nuestras autoridades un tratamiento especial: se le otorgó un nuevo plazo de 18 meses para el cumplimiento de su programa de saneamiento ambiental, plazo que fue ratificado por ley del Congreso. Al mismo tiempo la empresa se comprometió a obtener un socio estratégico.Sin embargo, para sorpresa del MEM y de los propios trabajadores de Doe Run, una vez vencido el plazo para presentar el nuevo socio y el nuevo plan de factibilidad, la empresa se apareció con otra agenda en la que demanda concesiones extremas, como son la modificación del contrato de privatización de 1997, el fraccionamiento de su deuda tributaria, la suspensión de la exigencia de cumplir con los estándares ambientales hasta la conclusión de la planta de ácido sulfúrico de La Oroya y la condonación de las multas que le han sido aplicadas.A cambio de lo anterior, la empresa se compromete a seguir pagando parte de los salarios de sus trabajadores. Pero en los últimos días han surgido varias otras sorpresas: Doe Run ya no habla ni siquiera de fecha tentativa para la reiniciación de sus actividades; el nombre del tan anunciado socio estratégico sigue en el misterio y el fraccionamiento de deuda tributaria planteado haría que acabara de pagarla al Estado en unos 700 años. Pese a ello, la empresa reitera su voluntad de “llegar a un acuerdo”.Ante las comprensibles dudas suscitadas entre las autoridades del MEM respecto de la seriedad de las propuestas de una parte que se sienta a la mesa de negociación tratando de imponer condicionamientos desmesurados y que ya quisieran muchas empresas nacionales poder obtener, Doe Run recurre a un arma que el país conoce muy bien: una huelga de sus trabajadores mineros.Estas huelgas ya han sido empleadas anteriormente como instrumento de presión en las negociaciones de Doe Run con el gobierno, pues cada vez que sus nuevas exigencias no eran aceptadas se valía de los trabajadores para provocar la interrupción del transporte por la Carretera Central, conocedora de su valor estratégico para el ingreso de productos destinados a la capital. Así lo reconoce el propio gobierno en un comunicado publicado ayer en los medios en el que se lee: “Doe Run pretende chantajear al Estado” y, líneas arriba, la acusa de incumplir sus obligaciones tributarias y ambientales y de perjudicar a sus trabajadores al negarse a reiniciar operaciones.La interrogante que surge es obvia: ¿por qué el Estado utiliza su aparato represivo contra trabajadores que son empujados por una empresa manipuladora a esta acción desesperada y no emplea la misma firmeza para acabar con el chantaje de Doe Run al propio Estado? ¿No será que, una vez más, son los más débiles quienes pagan las consecuencias?Fuente: La República