El narcotráfico en la selva peruana

Parece un ritual que ocurre todos los meses de junio de cada año, cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presenta sus “Monitoreos de cultivos de coca”. El pasado día 22 ha publicado el de Perú-2009, y así como en los últimos cinco años, los índices aumentan y nos acercan peligrosamente a ocupar el afrentoso primer puesto como productor de coca en la región Andina. Luego continúa este rito con las repetitivas y superfluas explicaciones del presidente de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro: que “no hay recursos”, que “ha disminuido la cooperación internacional”, y que “es necesaria la participación de las autoridades y del Estado”.

Sin embargo, antes que inútiles polémicas sobre si Perú o Colombia es el primer productor mundial de hojas de coca, es responsabilidad del presidente de Devida hacer un exhautivo análisis y explicar sobre el absoluto incumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007-2011, que él mismo elaboró y expuso ante el Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2006: 1) Reducir en 40% la superficie de cultivos ilícitos de hoja de coca; 2) Incrementar a 40% el decomiso de drogas; 3) Incrementar a 25% el decomiso de insumos químicos; 4) Lograr la incautación del 20% de fondos provenientes el lavado de activos; y 5) Incrementar en 40% los beneficiarios del desarrollo alternativo.

Desde la aplicación de dicha estrategia el 2007, hasta el 2009, la superficie de cultivos ilícitos de hojas de coca aumentó de 53,700 a 59,900 hectáreas (11.5%) y la producción de hoja de coca seca de 116,800 a 128,000 toneladas (9.6%). El decomiso de drogas ha sido ínfimo; del promedio de 900 toneladas producidas en estos tres años, solo se incautaron 60 toneladas (6.6%) de pasta básica y clorhidrato de cocaína. Los insumos químicos –principalmente kerosene– siguen ingresando al valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE) y aún no se cuenta con scaners ni garitas móviles de control. Asimismo, del dinero ilegal que ingresa al sistema formal, el 50% proviene del narcotráfico. 

Bajo este panorama, estamos viendo una estrategía antidrogas que ha fracasado rotundamente ocasionando un enorme salto del narcotráfico en nuestra selva, lo cual, además de poner en riesgo la seguridad nacional, distorsiona nuestra economía por ingreso del dinero ilegal –que según estimaciones internacionales podría llegar al 2.5% del PBI–, y asimismo, genera contaminación y destrucción de nuestros bosques, y engendra violencia, convulsión social y corrupción.

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