
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país", explicó el gobierno en su demanda. Esta fue presentada ante un tribunal federal en el Estado de Arizona, fronterizo con México. Ese tipo de iniciativas "perturbarían seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias", añadió el comunicado del Departamento de Justicia. La ley SB 1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de este país, la inmigración ilegal como un delito estatal. La ley debe empezar a aplicarse en principio a partir del 29 de julio.Al promulgar esa ley, “Arizona cruzó la línea constitucional", advirtió el comunicado oficial. La ley obliga a la policía del estado a pedir la documentación a cualquier persona que bajo "sospecha razonable" pueda ser considerado inmigrante ilegal, lo que para algunas organizaciones civiles puede llevar a la discriminación por motivos étnicos o lingüísticos.Leer más en rfi