
El gasto de bolsillo de las familias, para atender las necesidades de salud, superan los mil millones de dólares, de este monto el 80% corresponde a medicinas, preferentemente atendidos por cadenas de farmacia, las cuales están en investigación de concertación de precios por Indecopi o acusadas de presentar una marcada diferencia de precios entre el genérico y el de marca.
En general, un problema al que enfrentan las familias, por no trasladar ese manejo a empresas especializadas, quienes por el volumen de compra y un mayor acceso a información pueden seleccionar la mejor lista de medicinas, necesarias para atender las principales dolencias y a precios más económicos que el que podría conseguir de manera individual en una farmacia.
La estrategia del aseguramiento para facilitar el acceso a servicios de salud, se hace nuevamente evidente, sobre todos en los segmento poblacionales mas necesitados, donde el gasto de bolsillo en salud es un alto porcentaje del ingreso mensual.
Efectivamente, otro de los beneficios del aseguramiento universal, es protegerse ante los gastos de salud, no solo de medicinas, si no en todos los servicios y procedimientos que la familia requiera.
Es necesario un esfuerzo de todos para difundir los beneficios del aseguramiento y ofertar el plan mínimo obligatorio (PEAS), a precios que la mayoría de la población pueda pagar. El gran reto está dado, corresponde a las Cias de Seguros, EPS y Prepagas, organizar la prestación de servicios de salud de tal manera que retornen un mejor estado de salud a sus afiliados, y no solo actividades curativas cuando se presente una enfermedad.
Ante tal necesidad, es necesario trabajar de manera organizada y que cada actor asuma el rol que le corresponde; ya tenemos definido el plan mínimo obligatorio (PEAS), el petitorio ajustado a este plan ya esta publicado, el siguiente paso es organizar compras conjuntas de ese petitorio, entre Essalud, el Ministerio de Salud y las clínicas y centros médicos privados, para que el volumen de compra logre precios que ninguna institución individualmente podría lograr; estos ahorros deberán trasladarse al precio del plan, para hacerlo más accesible a la mayoría de la población.
Nuestro sistema de salud, después de más de 30 años, tiene el marco legal para reducir la fragmentación y trabajar de manera integrada con todos los actores públicos y privados, de tal forma que la población pueda acceder a medicinas y servicios de salud, sin sobresaltos ni gastos de bolsillo que desequilibren su presupuesto familiar.