Sábado 04 de abril 2026 | Contáctenos
Una jueza federal bloquea las cláusulas más polémicas de una norma que el presidente Obama denunció por entenderla discriminatoria. Así, se ha retirado las facultades de la policía para detener a personas “sospechosas” de ser inmigrante ilegal por su aspecto o la obligatoriedad de llevar los papeles encima. Arizona ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema. Escuche el Tema del Día.
Faltaban menos de 24 horas para que entrara en vigor una de las leyes más polémicas que se han conocido en Estados Unidos, la ley migratoria de Arizona, cuando el jueves por la noche la jueza Susan Bolton emitió un veredicto que rebaja sus cláusulas más polémicas. Especialmente una: la que permitía detener a cualquier persona bajo la “sospecha razonable de que se encontrara en el país ilegalmente”, es decir, que tuviera aspecto de inmigrante.
De esta manera, se impone en cierta medida, y de forma temporal, el criterio que defendía el presidente norteamericano, Barack Obama, quien ordenó recurrir la Ley de Arizona en los tribunales al entender que tiene el “potencial de ser aplicada de forma discriminatoria”, con el “riesgo de que cualquiera que pueda parecer un inmigrante ilegal pueda ser molestado o detenido”.
La jueza de Phoenix enfocó su sentencia sobre la aplicación de la ley en base a un conflicto de competencias entre el Gobierno federal, al que ha atribuido la potestad de aplicar semejantes medidas, y los estados. “Hay muchas posibilidades detenga a residentes legales con esta ley”, dice la jueza Bolton, al aplicar esta medida “impondría una carga extraordinaria […] a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno federal tiene autoridad para imponer”. De esta manera, evitó entrar en la polémica de si la ley es racista o discriminatoria con la población latina.
También suspendió Bolton otras partes de una ley que ha causado estupor en numerosos analistas pero que ha suscitado un apoyo popular en EEUU incuestionable, según una encuesta del Instituto Gallup, que le atribuye un apoyo del 60% de la población de todo el país. Cuestiona la legalidad de otorgar a la policía poderes en materia migratoria y suspende las cláusulas que definían como delito que los inmigrantes no lleven la documentación en todo momento o que los ilegales pidan trabajo en lugares públicos...
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