Bonn: Países desarrollados insisten en promesas voluntarias de reducción de emisiones

Por: Víctor Sánchez / Jorge VillanuevaAsociación Civil LABOR 

La esperanza era discutir un texto nuevo que incluya todo lo avanzado en el COP 15 (Copenhague 2009) y que permitiese acercar a las partes con miras a la cumbre de Cancún 2010. Sin embargo, a más de un mes de culminada la reunión de negociadores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC) llevada a cabo en Bonn, Alemania, las diferencias entre cómo hacerle frente al problema global del cambio climático parecen haberse profundizado.Uno de los aspectos más controversiales de la reunión en Bonn gira en torno a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pues se pretende imponer a los países en vías de desarrollo nuevas obligaciones que no siguen los lineamientos del todavía vigente Protocolo de Kioto y que, entre otros aspectos, ignora el derecho de dichos países a desarrollarse, atentando contra el principio de equidad. Y es que de acuerdo al polémico documento presentado por Margaret Sangarwe, Presidenta del Grupo de Trabajo de Cooperación a Largo Plazo, a partir del 2020 todos los países deberían reducir sus emisiones en términos absolutos, tanto los grandes contaminantes (como EE.UU, Japón y Australia) como los que no aportan significativamente a la emisión global de GEI (entre ellos Perú, que genera únicamente el 0.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero). Esto, además, atentaría contra un principio de justicia climática.Por otra parte, a diferencia de lo acordado en el Protocolo de Kioto, y en contra de lo que en reiteradas ocasiones se ha discutido, el nuevo documento busca que prime un sistema de promesas voluntarias donde cada país decida en cuánto disminuye sus emisiones. Estados Unidos es probablemente el más interesado en que ningún tipo de acuerdo de reducción de emisiones sea vinculante, para proteger su economía, especialmente en un escenario de crisis. Esto definitivamente dificulta que en las próximas reuniones previas a la XVI Cumbre Mundial sobre Cambio Climático (COP 16), a realizarse en Cancún, México, a finales de este año, se llegue a un conjunto de consensos sobre financiamiento, tecnología y compromisos de los estados, donde se reconozca que la problemática es común pero las responsabilidades diferenciadas.Es por esto que la reacción del G77 no se hizo esperar, argumentando que la búsqueda de una visión compartida para encontrar una solución al cambio climático debe incluir como base la justicia, la equidad y el desarrollo de los países en vías de desarrollo, por lo que la disminución de emisiones no puede darse en términos absolutos y mucho menos ignorando la emisión histórica de gases de efecto invernadero, que evidentemente es ampliamente superior en el caso de los países desarrollados. En este sentido, se espera seguir trabajando y mejorando los próximos documentos previos a la COP 16 de finales de año.El caso peruanoAdemás –y a pesar- del difícil contexto global, existen temas puntuales que deben abordarse en el ámbito nacional con relación al cambio climático y que ameritan recibir mayor atención por parte de todos, empezando por el Estado. Así por ejemplo, se viene promoviendo proyectos bajo el esquema de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) que enfatizan la generación de beneficios económicos para el sector privado, olvidando que existe un interés social más importante en torno a este tema. De acuerdo al documento “¿Quién pagará por el cambio climático?: Una mirada desde la sociedad civil a los esquemas de financiamiento para adaptación y mitigación del cambio climático” elaborado por el MOCICC , de continuarse con esta tendencia podría darse un escenario de “privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas”, donde los afectados serían claramente las poblaciones directamente golpeadas por el cambio climático ya que no serían debidamente atendidas ni compensadas.Finalmente, sería sumamente positivo que se defina una posición nacional vinculada al financiamiento de las estrategias para enfrentar el cambio climático, la misma que debería presentarse en los diversos foros internacionales a los que el Perú asista, lo cual demandará una discusión a fondo y transparente con los sectores involucrados, donde el bien público se ubique por encima de la lógica netamente lucrativa.

Ver en Boletín "Laborando" N°15 de Asociación Civil LABOR.