Lunes 06 de abril 2026 | Contáctenos
Por Víctor Robles Sosa (*)
En su mensaje a la nación de 28 de Julio, el presidente de la república hizo una sola alusión a los fallos injustos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuando afirmó que su gobierno no entregará un centavo a los terroristas “por más sentencias internacionales que tengan”.
“El terrorismo no se burlará del Perú”, dijo el presidente, y precisó que las reparaciones impuestos por la Corte de San José al Perú, a favor de los terroristas, serán depositadas en el Banco de la Nación, el que descontará las reparaciones civiles fijadas por la justicia peruana a los terroristas y revertido a un fondo a favor de las víctimas del terrorismo.
“Ellos deben al Perú por reparaciones legales, por sus acciones como banda criminal, 3,173 millones de soles y cada centavo que se nos exija pagar será descontado de esa suma y abonado a favor de sus víctimas. No, el terrorismo derrotado no se burlará del Perú”, agregó el jefe de Estado.
La propuesta presidencial quedó plasmada en un decreto supremo publicado el mismo 28 de julio; sin embargo, representa solo una solución parcial al problema con la Corte de San José.
El problema es que dicha fórmula supone reconocer primero la legitimidad de sentencias que contienen otros mandatos que atentan contra la dignidad de nuestro país y ultrajan la memoria de los héroes y mártires de la pacificación.
Una pregunta que debería hacerse el presidente de la República es la siguiente: ¿Qué resulta más pernicioso para nuestra dignidad como nación, pagar una reparación económica a un terrorista asesino, o tener que rendirle un desagravio público en cadena nacional de radio y TV, y hacerle un monumento?
Son varias las sentencias de la Corte de San José en ese sentido, por ejemplo la que favorece a los terroristas que murieron en el motín del penal “Castro Castro” (1992) tras varios días de combate. Ese tribunal ha fallado no obstante que fue una “matanza de presos inermes y rendidos”, lo cual constituye una enorme injusticia.
El presidente y las fuerzas políticas democráticas del país deben reflexionar y abrir un debate sobre este punto, y plantearse de una vez por todas qué es lo que van a hacer para acabar con semejante injusticia, porque la dignidad de nuestra nación no puede seguir siendo mancillada de esa manera, es su obligación defenderla.
Si los fallos de la Corte IDH contra la democracia peruana contienen una alta dosis de subjetividad política, es lógico que el Perú le de una solución política al problema. La salida no es jurídica, como sostiene el ministro de Justicia, quien apoyó la impunidad para los terroristas cuando integró el Tribunal Constitucional politizado que encabezó Javier Alva Orlandini.
¿Por qué dice el ministro Víctor García Toma que es una leguleyada denunciar la Convención Interamericana de DDHH para volver a adherirnos después a ella pero con reservas? Debe sustentarlo como corresponde, sino solo hace demagogia.
Cualquier alumno del primer año de Derecho sabe que los estados pueden apartarse de los tratados mediante la denuncia, y que también pueden volver a adherirse cuando quieran soberanamente, pero el doctor García Toma lo niega siendo nada menos que ¡ministro de Justicia!
Es legal, legítimo y válido que el Perú denuncie cualquier tratado si le conviene a sus intereses, porque es soberano. No hay nada que discutir al respecto.
La posición asumida por el presidente García frente al problema equivale a una renuncia a encararlo y solucionarlo. ¿Ha influido en esta posición su estrecha amistad con Diego García Sayán? Muchos creen que sí.
Todo indica que tendremos que esperar que el próximo Gobierno enfrente y solucione el problema, mientras tanto, les corresponde a las fuerzas democráticas, sociales y políticas, abrir un debate a fondo y serio sobre las ventajas y desventajas que le supone al Perú continuar sometido a la Corte IDH como hasta ahora.
Están obligados a hacerlo en resguardo de nuestra dignidad como nación y de la memoria de los mártires y héroes asesinados por el terrorismo.
(*) Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)E-Mail: victor.robles.sosa@hotmail.comBlog: http://victorrobles.ordpress.com
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