
“Estamos dispuestos a cortarle la cabeza a 50 violadores”, dijo el presidente de Perú, recogiendo el guante de la propuesta de los fujimoristas para aplicar la pena capital. Una serie de crímenes cruentos han reabierto la posibilidad de aplicar esta medida, a pesar de que los tratados internacionales suscritos por el país lo prohíben.
El presidente peruano, Alan García, vuelve a remover el avispero de la pena de muerte en el país. Se mostró más contundente que nunca: “Estamos dispuestos a cortarle la cabeza a 50 violadores”, dijo en una comparecencia ante la prensa.
Es una vieja aspiración de García, que ya llevaba en su programa electoral de las elecciones de 2006 su deseo de poner los pies sobre el patíbulo a los presos con delitos graves a sus espaldas. Ésta parecía una promesa dormida, pero una serie de crímenes especialmente cruentos ha creado el clima propicio para reabrir el debate sobre la pena capital. Especialmente dos han conmocionado a la opinión pública: el caso de Romina, una niña de tres años que quedó parapléjica al ser alcanzada por las balas de una banda de ladrones y por los asesinatos de un fiscal que investigaba el narcotráfico y de un alcalde en el interior de Perú. A raíz de estos casos, hace unos días, el grupo parlamentario de los fujimoristas, en la oposición, presentó una propuesta para aplicar este tipo de condenas en los casos en que “exista la violación de menores de 10 años seguida de muerte y en los casos de robo agravado por muerte o lesiones de gravedad”. La oposición, pues, se le ha adelantado en reabrir el debate y García no está dispuesto a que esto ocurra...
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