DESCONTENTO POLICIAL
Por Fernando Rospigliosi
Los rumores de una huelga policial la siguiente semana probablemente no se concreten (sería perjudicial para la institución y el país), aunque sí es posible que se realice una marcha de familiares de policías y militares. El informe que se ha filtrado a los medios y que responsabiliza a dos generales por el "baguazo" busca aplacar la irritación policial.
Lo que usualmente sucede cuando una investigación implica a oficiales de alto rango es que los organismos encargados de realizarla avanzan con pies de plomo, esperando que el escándalo que suscitó la pesquisa caiga en el olvido. Y al final, generalmente, los pasan por agua tibia.
En este caso, sin embargo, han apresurado las investigaciones que de inmediato han trascendido a los medios, entregando la cabeza de los generales Luis Muguruza y Javier Uribe, al tiempo que tratan de ocultar la responsabilidad de Mercedes Cabanillas y del entonces director José Sánchez Farfán (premiado ?o sobornado para que calle? con una agregaduría inútil y costosa en Washington).
El motivo es obvio. Las autoridades del Ministerio del Interior están asustadas por el clima efervescente que existe hoy día dentro de la institución, y pretenden aplacar la agitación y el resentimiento entregando a los dos generales que estuvieron en Bagua el día de la tragedia. Esta vez, como en el anterior gobierno aprista, la pita se rompe por el lado más débil (ver el artículo de Gustavo Carrión http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/08/la-leccion-no-aprendida-gu...).
LOS RECLAMOS
Son básicamente tres los temas que motivan la inquietud de los suboficiales de la Policía : los bajos sueldos, la desastrosa situación de la sanidad y la rabia por el inútil sacrificio de 24 policías en Bagua.
Los problemas salariales y la crisis de la sanidad policial tienen años incubándose, pero ahora han aflorado porque el desasosiego ha crecido.
El detonante ha sido, sin duda, lo ocurrido en Bagua. No sólo la muerte de los policías, sino las circunstancias, la negligencia criminal al haber abandonado al comandante Miguel Montenegro y su gente en la estación Nº 6, la parranda de los generales el día anterior del operativo mientras los policías estaban arrumados en un pequeño local, la cobarde lavada de manos de la ministra Mercedes Cabanillas, la provocadora autocondecoración de la misma, etc.
LA RESPUESTA
Las autoridades del MININTER esta vez se han asustado e iniciado una campaña para tratar de apaciguar la desazón. Como la política del gobierno es no conceder aumentos salariales, el ministro Octavio Salazar ha anunciado que repartirá 60 millones de soles como bonificaciones a la productividad a aquellos policías que efectúen más capturas en un mes.
Un procedimiento absurdo y contraproducente, porque eso llevará a que, para alcanzar el beneficio, los policías practiquen detenciones indiscriminadas. Algo parecido a los "falsos positivos" de Colombia, donde las fuerzas del orden asesinaban campesinos y los hacían pasar como terroristas para cumplir con las cuotas que les asignaban.
Pero ¿qué puede esperarse del general (r) Salazar, el mismo que inventó la política de los taxis-patrulleros en la puerta de los bancos para evitar a los "marcas"; que propuso la "ley seca" a partir de la 2 de la tarde; o enviar a la cárcel a los consumidores de marihuana y otras drogas?
Por último, en lo que respecta a la sanidad, las autoridades policiales han prometido la contratación de 580 profesionales de la salud en un mes. (El Comercio, 22.8.09).
Todas estas son respuestas apresuradas para tratar de amainar la tormenta que temen se desborde.
Mientras tanto, la inseguridad ciudadana, considerada por los pobladores uno de los problemas más graves del país, se deteriora a paso ligero, a todo nivel.
Sólo para mencionar algunos hechos de los últimos días: una banda de asaltantes atracó a toda la facultad de Pesquería de la UNSLG en Pisco; una pandilla asesinó a varios jóvenes en el Callao; otra banda asaltó una empresa de caudales en Chiclayo. Para no mencionar los saqueos a los turistas que viajan por el Amazonas y sus afluentes o a los que visitan el Manu, los robos cotidianos en las carreteras, etc.
INEPTITUD Y DESINTERÉS
La seguridad no tendría que deteriorarse de esa manera. Si eso ocurre es simplemente porque el gobierno no tiene una política de seguridad ciudadana ni le importa lo que ocurra en ese ámbito.
Los ministros del Interior son designados en función de los más estrechos intereses políticos de corto plazo y no tienen idea de qué hacer (como Cabanillas o Luis Alva Castro) o asumen políticas totalmente contradictorias, como ocurre con el actual y su antecesor, el general (r) Remigio Hernani.
El narcotráfico, quizás la principal amenaza a la seguridad del país, sigue creciendo a vista y paciencia del gobierno. Hoy día el Perú tiene el triste privilegio de ser el principal exportador de cocaína del mundo.
La corrupción del narcotráfico debilita y envilece las instituciones encargadas de combatirlo, que a su vez son las responsables de la seguridad ciudadana, el orden público y el combate al terrorismo: la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.
La solución no está en tener más policías, más patrulleros y más leyes, como neciamente sostienen Alva Castro y Cabanillas, sino mejorar la calidad de las instituciones, reformándolas y luchando contra la corrupción. Y contar con autoridades capaces y con liderazgo. Pero eso es mucho esperar de este gobierno.
Fuente: La República