Con el apoyo del ejecutivo: Potestad sancionadora para la Contraloría

MARIA DEL PILAR TELLO OPINA

CON EL APOYO DEL EJECUTIVOPOTESTAD SANCIONADORA PARA LA CONTRALORIAExcelente señal acaban de dar el presidente Alan García Pérez y su jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, al materializar ante el Congreso su apoyo a la Contraloría General de la República, en su iniciativa legal de contar con potestad sancionadora en materia administrativa funcional. Todos sabemos que la lucha contra la corrupción solo podrá tener eficacia si esa potestad se concreta. Y hay que celebrar que ambas cabezas del Ejecutivo hayan pedido al Congreso  aborde el punto con carácter de urgencia.¿Qué puede hacer la Contraloría atada, de pies y manos, cuando sus informes son solo declarativos sin carácter vinculante? Los funcionarios involucrados en irregularidades se ríen de ellos. Sus recomendaciones son un saludo a la bandera, dejan de ser implementadas y no pasa nada. Para exhibir firmeza y ser disuasiva debe poder, además de definir las responsabilidades, imponer sanciones a los funcionarios y servidores públicos, independientemente del vínculo laboral que tengan con el Estado.Si lo solicitado se aprueba la CGR podrá imponer sanciones desde la destitución hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 5 años pasando por la suspensión temporal hasta por 180 días y multas pecuniarias por las infracciones que cometan en el ejercicio de sus funciones.La potestad sancionadora de la Contraloría es indispensable para la lucha contra la corrupción, verdadero flagelo del régimen que tiene mucho para exhibir en lo económico y social pero no ha logrado poner coto a las irregularidades que proliferan. Esencial que el debido proceso de funcionarios y servidores públicos contemple un órgano instructor y otro sancionador, permitiendo a los castigados apelar las sanciones que eventualmente se les impongan.Estamos ante una verdadera reingeniería impulsada por Fuad Khoury Zarzar, con una nueva estrategia que hay que apoyar contra la corrupción con el debido cuidado para no interferir ni con el Poder Judicial ni con el Ministerio Público, éste último de impecable actuación.“Lo único que queremos es que (el mal funcionario) no siga trabajando o por lo menos que reciba una sanción”, anotó, al tiempo de recordar que en un año de trabajo fueron denunciados 1,304 funcionarios ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero ellos siguen “contratando y comprando para el Estado”.Si como informó Khoury las pérdidas para el Estado superan los 50 millones de nuevos soles, en sólo tres auditorías, que podríamos pensar del cúmulo de pérdidas por la innumerable cantidad de pirañas y pirañitas que determinan millones de soles y dólares que fugan por bajos o menores montos.Hay una responsabilidad constitucional que será mucho mejor cumplida si se establece esa red de auditores itinerantes que propone la CGR dando forma a un ente de control que con acción descentralizada ayudará al país a avanzar sin el flagelo de la corrupción, como ya sucede en otros países vecinos como Brasil, Ecuador y Colombia que han logrado facultades sancionadoras para mejorar la calidad de la gestión pública.Para que la población pueda creer en sus funcionarios dando mayor confianza y representatividad al Estado. Que el Congreso se ponga las pilas y proceda a vincular la ética con la política, ahora.