Una crucial disyuntiva.Democracia partidaria Elías Mendoza HaberspergerEx presidente del Congreso. Frente a la aparente actual renuencia de las dirigencias partidarias a utilizar voluntariamente las diversas opciones electorales positivas contenidas en la vigente Ley de Partidos Políticos Nº 28094, no queda otra ruta democrática por seguir que la simple y expeditiva de promover la modificación inmediata de diversos artículos de dicha ley, a fin de convertir en obligatorio el principio rector contenido en los incisos a) y b) del artículo 14º de la ley citada, en los que, a la letra, se expresa que las elecciones internas para la designación de los “candidatos a representantes al Congreso, al Parlamento Andino, Consejeros Regionales o Regidores”, (relación ésta en la que deberían estar incluídos los candidatos a todos los cargos dirigenciales internos de los partidos), deben efectuarse mediante las precisas modalidades que se detallan, las que deberían ser obligatorias, de “elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados”, según sea el caso. Las puntuales modificaciones legales propuestas obviamente deberían efectuarse a la brevedad, a fin de que la próxima designación de los candidatos a la Presidencia y Vice Presidencias de la República, al Parlamento Andino y al Congreso Nacional se efectúen en forma comprobadamente democrática, con la obligada participación directa, en la pertinente elección interna, de todos los afiliados a los partidos y no, como ahora sucede, a través de cuestionadas convenciones de intermediación.La precisa responsabildad cívica de asegurar la vida democrática al interior de los partidos, frente a la inocultable resistencia al respecto de sus actuales dirigentes, recae ahora directamente, por consiguiente, en los integrantes del actual Parlamento. Tal descrita oportunidad cívica, vinculada con la democratización de nuestra vida política, se presenta, coyunturalmente, en circunstancias propicias para que las dirigencias partidarias actuales se adhieran públicamente a los precisos postulados democráticos enunciados o, alternativamente, continúen oponiéndose a la opción sugerida, que constituye el pleno reconocimiento del incuestionable derecho de los ciudadanos militantes en nuestras organizaciones partidarias de ser actores personales directos de las decisiones corporativas y no, como lo son lamentablemente en la actualidad, de constituir simples y humildes espectadores de las decisiones adoptadas por las cúpulas dirigenciales de las entidades políticas a las que pertenecen. La nación percibiría entonces, con claridad meridiana, si existe o no existe la indispensable coherencia ética entre lo que predican y lo que practican tanto los partidos como sus dirigentes.Las cartas al respecto están, pues, públicamente echadas en la mesa pública de nuestro escenario político: o se está del lado de un transparente sistema democrático en la vida interna de los partidos o se está del lado de un arbitrario sistema autocrático.Los militantes partidarios decidirían entonces, cuando la crucial situación ética enunciada finalmente se esclarezca, como inexorablemente en algún momento sucederá, las precisas decisiones cívicas que el buen sentido aconseje. Fuente:Página Editorial del Diario “El Comercio” del 10 de setiembre del 2010.