El modelo de corrupción que surgió en el país al calor de la fiebre inmobiliaria tuvo su epicentro en Marbella: decenas de políticos fueron detenidos. Ingentes recalificaciones de terrenos y un Ayuntamiento en quiebra fueron testigos de su paso por el poder.
España sienta hoy en el banquillo de los acusados a su burbuja inmobiliaria. O al menos, a su principal símbolo: 10 años después de que comenzarán las investigaciones, comienza el juicio del caso Malaya, un proceso en el que se han detenido a 95 personas, muchos de ellos cargos políticos que presuntamente protagonizaron la mayor trama de corrupción urbanística de la historia de ese país. Marbella, menos de 135.000 habitantes, cuna turística de la jet set española, situada en la provincia de Málaga, en la costa del sur del país. Allí comenzó todo. Si se pudiera poner coordenadas al origen de los excesos en el sector del ladrillo español, epicentro de la crisis económica del país, sin duda su ubicación geográfica sería la ciudad de Marbella. Este municipio de sol y playa, que ha sido cita ineludible para los turistas más glamourosos -como el rey Fhad de Arabia, la familia Bismarck, los Thyssen-Bornemisza o, más recientemente, Michelle Obama- , exportó un modelo de corrupción y de urbanismo que se extendió como una mancha por todo el país durante la pasada década: prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas… la lista de cargos que se juzgan es interminable. Los personajes que rodean esta trama no pueden ser más pintorescos, moldes de arquetipos y clichés de los que España siempre quiso deshacerse, sujetos casposos que allí llaman la España cañí...
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