Domingo 19 de mayo 2024 | Contáctenos
El artículo en cuestión, uno de los más polémicos del proyecto de ley de inmigración impulsado por el gobierno conservador de Nicolas Sarkozy, fue aprobado después de tres horas de debate en un hemiciclo escasamente concurrido.
La Asamblea Nacional francesa (Cámara Baja) cuenta con 577 escaños.
Sólo 75 diputados respaldaron la medida propuesta a finales de julio por el propio presidente Sarkozy durante el denominado 'discurso de Grenoble', que marcó un endurecimiento en inmigración y seguridad.
En un hemiciclo casi desierto, 57 diputados votaron en contra.
Diputados de la oposición y también muchos de la mayoría gubernamental de derecha defendieron en vano la supresión de ese artículo, impulsado por Sarkozy.
"Vamos a revaluar los motivos por los cuales se puede despojar de la nacionalidad francesa", dijo Sarkozy en aquel polémico discurso.
El presidente conservador francés, en el poder desde mayo de 2007, afirmaba ese día: "La nacionalidad debe poder ser retirada a toda persona de origen extranjero que haya atentado voluntariamente contra la vida de un policía, un gendarme o cualquier representante de la autoridad pública", es decir desde un juez hasta un bombero.
Juristas, organismos defensores de Derechos Humanos, de inmigrantes y la oposición de izquierda, tacharon esta medida de "inaceptable" pues establece categorías de nacionalidad entre los "franceses de nacimiento y los franceses de papel", contrarias a la Constitución.
Por eso, la oposición preparó una serie de considerandos con los que recurrirá ante el Consejo Constitucional, que vela por la constitucionalidad de las leyes, al entender que esa medida viola "el artículo primero de la Constitución" sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Además de criticar ese artículo por considerarlo "ineficaz", diputados y dirigentes de la oposición acusaron al Gobierno de "legitimar a la extrema derecha francesa" en la disputa por su electorado de cara a las elecciones presidenciales de 2012.
El proyecto de ley de inmigración en su integridad, el quinto en siete años, será sometido a votación en la Asamblea Nacional el 12 de octubre venidero.
Hasta ahora, la nacionalidad francesa (que cada año obtienen unas 100.000 personas) puede retirarse por una condena por delitos de terrorismo y contra la seguridad del Estado.
El Gobierno francés reforzó su política migratoria y de seguridad en los últimos meses, acelerando el desmantelamiento y expulsión de gitanos de origen rumano o búlgaro que desembocaron en un duro enfrentamiento con la Comisión Europea.
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