"Este tipo de presentación se hace para salvaguardar la dignidad de las personas, la privacidad del paciente, para que se respete el juramento hipocrático, la ética médica y todas las reglas sanitarias", dijo a periodistas el hermano del gobernante Pompeyo Lugo.
Por su parte, el abogado Juan Francisco Valdez afirmó que la acción judicial tiene por objetivo "prohibir que el estado de salud de Lugo siga siendo objeto de opiniones infundadas y desautorizadas que buscan confundir a la ciudadanía".
Valdez señaló que las publicaciones, que suelen incluir opinión de expertos sobre el mal detectado al gobernante el pasado agosto, "tienen más efecto emocional en la salud del presidente que los propios efectos del tratamiento".
Poco antes de conocerse la demanda, el ministro de Información, Augusto Dos Santos, aseguró que la acción judicial no provino de su estamento y "rechazó cualquier iniciativa que pueda coartar la libertad de expresión", aunque no descartó que algún familiar lo pueda hacer.
Pompeyo Lugo aclaró que el jefe de Estado no lo ha autorizado a promover la acción.
"No se está pidiendo que no se hable de su salud, lo que sí se especifica es que las informaciones sobre su salud provengan de los médicos", indicó Pompeyo, que ha acompañado al jefe de Estado en los viajes que ha hecho a Brasil para tratarse de la enfermedad.
Lugo, de 59 años, recibió la primera y la tercera quimioterapia en el hospital Sirio-Libanés de la ciudad brasileña de Sao Paulo, a la que el pasado día 2 fue llevado de urgencia debido a una crisis derivada de su tratamiento.
Allí fue curado mediante medicación de una trombosis en la vena cava superior y cuatro días después regresó a su país y reasumió de inmediato sus funciones.
Las sesiones oncológicas se realizan con un intervalo de 21 y 25 días y el tratamiento finalizará en diciembre, según las previsiones del equipo médico, que ha insistido en que el gobernante está capacitado para seguir en funciones hasta completar su mandato, en agosto de 2013.
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