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Manifestación para protestar contra el asesinato de Mariano Ferreyra, Buenos Aires, 21 de octubre de 2010.Foto: Reuters
La detención de dos gremialistas y de un ‘barrabrava’ sospechoso de ser el autor material del crimen del joven militante de izquierda parecen confirmar la responsabilidad del sindicato peronista Unión Ferroviaria, cuya sede fue allanada por orden de la jueza interviniente. El Gobierno se desmarca de los detenidos.
Los primeros resultados de la investigación judicial sobre el asesinato de Mariano Ferreyra son comprometedores para el sindicato Unión Ferroviaria y engorrosos para el gobierno. En la noche del sábado 23 de octubre, fue detenido Pablo Díaz, un dirigente del gremio sospechado de haber organizado la emboscada en la que perdió la vida el joven militante del Partido Obrero y fueron heridas dos personas, una de ellas de gravedad, el pasado 20 de octubre.
Según un testigo de identidad reservada, Díaz habría dado personalmente la orden de atacar con armas de fuego a los manifestantes de izquierda que se desconcentraban después de una protesta por la situación de trabajadores de una línea de ferrocarril empleados por empresas subcontratistas. El dirigente gremial prestó declaración indagatoria ante la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño en las últimas horas del lunes 25. Poco más tarde fue detenido otro delegado de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos López.
También declaró ante la jueza el lunes 25 Cristian Favale, sospechoso de ser el autor material del crimen. Se declaró inocente, antes de sufrir una crisis de nervios, por lo cual la indagatoria tuvo que ser suspendida. Favale se entregó a la policía el domingo, cuando ya había trascendido públicamente de qué se lo acusaba. Se trata de un barra brava de un club de fútbol de segunda categoría, que no pertenece formalmente al gremio ferroviario pero habría participado en más de una ocasión de acciones violentas del sindicato...
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