"Los moralizadores" en la política peruana

LOS MORALIZADORES, por: César Campos R. diario EXPRESO lunes 08 de noviembre

La convergencia producida las últimas semanas de temas relacionados a la inmoralidad en la administración pública, pone nuevamente en boca y la pluma de muchos comentarios y/o consejos sobre cómo afrontar tamaño flagelo que erosiona la confianza ciudadana en sus principales instituciones. Se inició con el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 divulgada por Transparencia Internacional – en el cual nuestro país pasa del puesto 75 al 78 – y luego las evaluaciones y conclusiones de la I Conferencia Anual Anticorrupción organizada por la Contraloría General de la República, a la que demagógicamente se negó a asistir Ollanta Humala mirando paja en ojos ajenos sin mirar la viga en los propios.Claro que la demagogia ya estaba antecedida por los anuncios grandilocuentes de Susana Villarán de hacer “auditorías especiales” a la gestión de Luis Castañeda y complementada por Alejandro Toledo de pedir levantamientos del secreto bancario a las autoridades vigentes del Ejecutivo, cuando los cobros de ubicación preferencial en las listas parlamentarias de Perú Posible y los recursos donados por George Soros y administrados por “Coqui” (entre otras muchas perlas) todavía rondan el aura del hombre de Cabana.Y es que cuando los políticos de cualquier pelaje salen a rasgarse las vestiduras por la moralización, provoca parafrasear a madame Roland espetándoles la cantidad de crímenes y latrocinios que cometen en su nombre.  Sus proclamas y golpes de pecho sólo ponen en vigencia la vieja pregunta – nunca bien respondida – de quién moraliza a los moralizadores.La conducta proba en el ejercicio de un cargo público debe ser inherente a la persona que lo detenta, bajo los sistemas de control establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. Desde que pasan a engrosar las filas del aparato del Estado – por elección o selección – los ciudadanos tienen una lupa encima de sus tareas. Toledo, Villarán, Alan García o Perico de los Palotes son objeto y no sujetos de acciones de transparencia.Más bien la tarea de los políticos debe orientarse a fortalecer todos los niveles de contrapeso y fiscalización de la administración pública, igual que su independencia. Desde el sistema judicial – fiscalías y juzgados – pasando por el de la Contraloría y la cooperación internacional, habida cuenta del fenómeno de transnacionalización que hoy caracterizan las grandes corruptelas.Por supuesto que la prensa responsable, desde la esfera de la sociedad civil, también cumple un papel influyente en esta larga lucha por la transparencia pública. Se ha puesto a prueba infinidad de veces en los últimos tiempos y lo que debe celebrarse es la efectividad de las advertencias o denuncias cuando evitaron un entuerto.Pero cuidado con los “moralizadores” que- como bien ha recordado el canciller José Antonio García Belaunde – gritan cínicamente “al ladrón, al ladrón”. Cuidado y ojo a estos oficiosos de la moral pública.