Augusto Alavarez Rodrich: ¿Cárcel o multa?

Las sentencias por los delitos contra el honor.

La comisión de constitución del Congreso está realizando un debate que no estoy muy seguro de su prioridad pero sí de su interés pues en él confluyen dos derechos fundamentales: al honor y a la libertad de expresión.

¿Se deben despenalizar los delitos contra el honor? ¿Los periodistas que manchen una honra deben pagar su pena con dinero o con cárcel? Este debate no es, en el Perú, meramente académico: hace poco, Magaly Medina, la conductora de uno de los programas de televisión con más sintonía, acabó presa en Santa Mónica por difamar al futbolista Paolo Guerrero.

Ambos lados del debate, es decir, los que defienden la despenalización del delito de opinión, y los que están por mantener la posibilidad de enviar a una periodista a la cárcel, tienen argumentos interesantes que vale la pena evaluar.

A favor de la iniciativa del congresista Javier Valle Riestra, la cual cuenta con el respaldo del Apra y se inserta en una corriente en esa dirección que se está estableciendo en algunos países latinoamericanos, está el argumento de que la opción de la cárcel es una forma de presionar y amedrentar al periodista con el fin de limitar la libertad de expresión.

De acuerdo con este punto de vista, la vía para decidir los delitos de difamación, calumnia o injuria debería ser la civil, lo que significaría, en el caso del periodismo, que al que le pidan una rectificación cuando se ha demostrado que no es cierto lo que sostuvo, y se niegue a ofrecerla, podría enfrentar una sentencia que lo obligue a una indemnización.

Del otro lado está la posición a favor de que la protección  de la honra de alguien es un derecho esencial y que un juez debe poder, si este es vulnerado, mandar a la cárcel al culpable.

Estoy interesado en oír más puntos de vista pero, hasta el momento, mi opinión es opuesta a la despenalización de los delitos que afectan el honor. La eventual presión al periodismo creo que no tiene tanto fundamento pues del mismo modo se puede amedrentar a través de una multa que acabe quebrando al periodista o al medio, y podría, incluso, otorgarle patente de corso al que no tiene nada que perder.

Una justicia pervertida por la corrupción o por el poderoso de turno siempre será un peligro para la libertad de expresión, con penalización del delito contra el honor o sin ella.

Asimismo, este debate no debe estar al margen de la discusión indispensable para la promoción de un periodismo decente, pues el que difama por costumbre o porque así fue criado, el que insulta por falta de ideas o porque cree que así será más notorio, y el que miente porque alquila su opinión para ofender por encargo, como ocurre con frecuencia hoy en el Perú, es lo más dañino para la libertad de expresión.