LEY RESERVADA DEL COBRE Y POLÍTICA DE DEFENSA

 Después de haberse superado el impasse con Chile al pasar al retiro el general Donayre, pocos días después durante una entrevista en un diario local, el canciller José García Belaunde manifestó que sería sensato e inteligente que Chile derogue la Ley Reservada del Cobre porque evidentemente preocupan sus compras de armamento. Cabe señalar que esta ley N° 18445 fue promulgada en 1973 a comienzos del Gobierno Militar y por la cual las FF AA de ese país reciben un aporte del 10% de las ventas de cobre al exterior para adquisición de armamento, y solo entre el año 2004 y el primer semestre del presente año dicho aporte ha llegado a US$ 4,768 millones.

En Chile las reacciones no se hicieron esperar, el vocero del gobierno, Francisco Vidal, afirmó que “absolutamente nadie que no sea chileno puede involucrarse en la legislación del país”. Inclusive el Diputado Renán Fuentealba, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, manifestó de manera destemplada “me importan un bledo las declaraciones del canciller peruano. Él con sus cosas y nosotros con las nuestras. Cada país vela por tener sus FF AA profesionalizadas y materialmente equipadas”.   Sin embargo, habría que recordar que nuestro canciller desde que asumió su función ha venido reiterando en términos similares esta preocupación y Chile nunca tuvo ningún tipo de reacción. Así, en agosto de 2006, a un mes de asumir el cargo, manifestó que “Chile ha hecho compras muy grandes que preocupan a la región con el canon del cobre que reciben sus FF AA. Ningún país puede estar tranquilo cuando uno de sus vecinos se arma tanto”. Igualmente en abril de 2007, al comentar la adquisición chilena de ocho aviones F-16 expresó que “toda compra masiva de armamento afecta el equilibrio estratégico y militar en la región y es motivo de preocupación”. Inclusive, el 4 de junio de 2007 pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) un menor gasto en armamento militar para potenciar un mayor clima de confianza en los países de la región.   El asunto es que las exhortaciones sobre disminución de gastos en armamento no funcionan. Recordemos que al asumir el gobierno, el ex presidente Alejandro Toledo, sin estudio técnico ni planeamiento alguno, redujo unilateralmente en 20% el presupuesto de Defensa “para globalizar la democracia y la justicia”. Como resultado, ningún país de la región asumió tal posición y ahora lamentamos la situación de operatividad de nuestras FF AA.   Cada país tiene su concepto estratégico en política de Defensa. En el caso chileno, a pesar de la invocación de nuestro canciller, su gobierno ha manifestado que “así como el país necesita más educación, más salud, más vivienda y mejor previsión, también requiere una defensa disuasiva, moderna y respetada internacionalmente. En consecuencia, tenemos que darle los medios que necesita para cumplir su función”. En este sentido, pese a la preocupación de nuestro canciller, así Chile derogue su Ley Reservada del Cobre, como política de Estado desarrollará un sistema de financiamiento de fondos estable y permanente –presupuestos plurianuales o planificaciones mayores de cinco años– que aseguren su capacidad de Defensa en el largo plazo.   En este contexto, es responsabilidad del gobierno reevaluar nuestra política de Seguridad y Defensa Nacional con el fin de optimizar la capacidad operativa, entrenamiento y capacitación de las FF AA para “garantizar la soberanía e integridad territorial de la República”, tal como lo demanda nuestra Constitución.