Las extorsiones comenzaron en la última semana a través de carteles colocados en el interior de los propios establecimientos educativos y de pintadas en la fachada de los edificios. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez, señaló que una de las primeras advertencias se halló el pasado 11 de noviembre frente a una escuela secundaria. Se trató de una cartulina en la que se leía: "Cuota 30 nov. Aguinaldo".
Gran parte de los 1.500 institutos educativos suspendieron sus clases ante la notoria ausencia de estudiantes, cuyos padres decidieron no enviarlos a raíz de las amenazas. El director de uno de ellos explicó que, sin embargo, los docentes tienen la obligación de continuar impartiendo el curso a pesar del miedo.
César Duarte, gobernador del estado de Chihuahua, informó en una conferencia de prensa de que no permitirá estos atentados contra los maestros y se comprometió a castigar a los delincuentes con cadena perpetua. "Me lastima el saber que, aprovechando esas circunstancias, la delincuencia organizada, o no, amenaza con atentar o lastimar a los estudiantes", afirmó. El gobernador prometió que "con toda energía se va impedir que se esté atentando contra la integridad o la tranquilidad de los maestros, directores, de los padres y de los niños".
El alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, anunció que desplegará en la ciudad más peligrosa de México un operativo especial con la finalidad de proteger al personal docente mientras que la Secretaría de Educación y Cultura trabaja en un medio de pago seguro para protegerlos. Los aguinaldos no serán entregados en las escuelas, como anteriormente se hacía, sino que se pagarán mediante cheques o depósitos en fechas "secretas".
Para evitar futuras situaciones de hostigamiento, las autoridades comenzaron a diseñar un manual preventivo a la vez que se instalarán cien cámaras de vigilancia en escuelas de Ciudad Juárez. Jorge Quintana, secretario de Educación y Cultura, pidió al gobierno federal aumentar las sanciones para quienes atenten contra instituciones educativas. "Queremos que se aumenten las sanciones porque no es lo que se llevan, sino el daño moral que provocan a la comunidad escolar", señaló.
Fuente: infobae