
A un grupo de experimentados dirigentes de Patria Roja y la CGTP se les podría haber aparecido la virgen, bajo la forma de una rumoreada orden de captura por haber tenido vínculos, más bien conversacionales, con las FARC. El gobierno y el sistema judicial todavía no informan nada, pero los dirigentes ya se han puesto a buen recaudo por si las moscas.
Si el deseo de capturar es efectivo, sería lamentable que se persiga de esta manera a personas que desde hace largos decenios vienen dando pruebas de su apego a la legalidad y al juego electoral. Doble mérito, pues no les ha ido bien con el electorado, y aun así ellos se han mantenido fieles al juego democrático. Sin embargo la mayoría de ellos sabe muy bien lo que es la persecución, y podría haber indicios de que esta vez han sabido reconocerla a tiempo. También saben, por cierto, lo que significa ser atacados por Sendero Luminoso, quien siempre los crítico por la ingenuidad de confiar en el sistema de leyes peruano, y les ha asesinado seguidores. Un comunicado de PR atribuye la rumoreada orden de captura a un deseo de desarticular “el proceso unitario de la izquierda y los sectores democráticos, nacionalistas y patrióticos y bloquear la posibilidad de una victoria electoral progresista en 2011”. Puede ser. Aunque este sería un extraño lugar para comenzar a desarticular proyecto tan ambicioso. La decisión de ponerse a buen recaudo les ha producido publicidad más allá del diario que la lanzó, lo cual siempre es electoralmente bueno. Pero es el tipo de situación al que es imprescindible encontrarle un buen final, pues el enemigo siempre intentará convertir un justificado temor y una humana cautela en un culebrón al filo del ridículo. Pero hay buenos finales. Alfonso Barrantes fue capturado a fines de los años 70, y mientras despachaba cómodamente desde la prisión, afuera se iba formando el movimiento Barrantes libertad. Esto luego lo llevó al liderazgo de Izquierda Unida. Era el empujoncito represivo que el moderado izquierdista precisaba. Respecto de los contactos con las FARC, cabe recordar que simpatizar con el delito no es en sí mismo un delito. Además si la gente de PR se ha reunido con las FARC, tómese en cuenta que también se ha reunido con los especialistas financieros del grupo Apoyo para el manejo de algunas de sus responsabilidades gremiales. Dicho lo cual, lo que el gobierno no puede extender es una suerte de certificado de no capturabilidad a los dirigentes de izquierda. Se supone que un aspecto importante del sistema democrático es que todos estamos disponibles para la citación de un juez. Más quienes ejercen una función dirigente y tienen quien los defienda. Fuente: La República