Presionan para que se condena a inocentes en caso Los Laureles

Presionan para que se condena a inocentes en caso Los Laureles

Este martes 13 la Sala Penal Nacional dictará sentencia en el juicio del caso Los Laureles, sobre tres personas desaparecidas en el Valle del Huallaga, en 1990.Ipades alerta que se vienen produciendo presiones al tribunal, de parte de sectores interesados en que los ex altos oficiales del ejército acusados sean hallados culpables y condenados por “delitos de lesa humanidad” que no cometieron.Sin pruebas, la fiscalía y la ONG izquierdista Instituto de Defensa Legal (IDL)  acuan a los generales Mario Brito Gomero, Oswaldo Hanke Velasco y otros, de haber aplicado una “política sistemática de desapariciones forzadas” en 1990, cuando dirigieron a las tropas que defendieron a la democracia en esa región.La batalla judicial ha sido desigual e injusta. Mientras las adineradas ONG movilizan un ejército de abogados y presionan al tribunal con su aparato mediático, los acusados se han defendido como han podido, con pocos recursos, esperando solo que haya justicia.Los hechos juzgados (tres presuntas desapariciones forzadas), se produjeron en 1990, en el valle del río Huallaga, donde las fuerzas del orden libraron entonces (y aún libran hoy) una lucha denodada en defensa de la paz, la democracia y la libertad de los peruanos.Por esos años, Sendero Luminoso, desesperado por el apoyo popular que se ganaban las fuerzas democráticas, perpetró en el Huallaga numerosas matanzas de pobladores y de autoridades para imponerse por el terror.Coincidentemente, se vivía un auge del tráfico de cocaína hacia Colombia, fenómeno que también produjo muchos asesinatos y desapariciones de personas como resultado de ajustes de cuentas de narcos o terroristas.El terrorismo alcanzó tanta presencia que creó una nueva demarcación territorial de “bolsones”, como lo reconoce el informe de la CVR. Lo que éste calla es que cada “bolsón” agrupaba a 10 o 12 “comités populares” o pueblos tomados por Sendero. Y cada comité tenía autoridades espurias llamadas “comisarios”, que imponían reglas de vida totalitarias y crueles.Fue tanta la presencia del terrorismo en el Huallaga que en 1995 seis mil personas se acogieron a la Ley de Arrepentimiento y se pasaron al lado de las fuerzas del orden después de confesar que se unieron Sendero por interés o por miedo.Al sustentar su acusación, el IDL, parte civil del proceso, afirman que “la CVR logró contabilizar 400 personas desaparecidas” en el Huallaga desde 1990 hasta 1992, y concluye que ello “solo puede indicar que las FFAA ejecutaron una práctica sistemática de violación de los derechos humanos”.Sin embargo, llegado el momento de presentar las pruebas de su acusación, lo único que presentó ha sido el informe de la CVR, como si éste tuviese carácter vinculante para la justicia peruana, que no lo tiene, o fuese verdad absoluta.Los jueces deben recordar que el año 2003, la CVR presionó para que el gobierno de entonces le diera ese carácter al informe, pero el Ejecutivo denegó tal petición debido al enorme rechazo que tuvo en la ciudadanía.Si lo que dice la CVR es verdad, ¿dónde están los nombres de los 400 desaparecidos, donde están las familias que los reclaman? ¿Por qué entonces sólo han denunciado tres casos? ¿En qué se basan para atribuir todas las desapariciones a las fuerzas del orden, exculpando así a los narcotraficantes y terroristas?El IDL también dice que “se ha demostrado” que Brito y Hanke ordenaron los hechos investigados, cuando la verdad es que los presuntos autores directos de las desapariciones han declarado que nunca reportaron lo sucedido a dichos generales.El IDL busca que los oficiales sean condenados para “demostrar” que durante la lucha contra el terrorismo hubo una represión indiscriminada contra los ciudadanos y las fuerzas del orden violaron los derechos humanos de manera sistemática.Es decir, no les interesa sancionar a los responsables de las desapariciones denunciadas, sino conseguir una sentencia política que condene a las fuerzas armadas y a la democracia, para que estas sean declaradas victimarias, y para que los terroristas, verdaderos criminales, sean consagrados como “víctimas del estado”.Sin embargo, durante el juicio oral, que empezó el año 2007, se demostró que las fuerzas del orden no reprimieron indiscriminadamente en el Huallaga, mas bien se ganaron el apoyo de la población mediante un acercamiento constante hacia ella.El general Brito mostró al tribunal un vídeo de 1990 en el que se le ve arengando a sus tropas del Frente Huallaga, instándolas a que se ganen el respeto de los ciudadanos actuando de manera correcta y respetando los derechos humanos.El caso de Brito es ilustrativo porque mantuvo un acercamiento permanente hacia la ciudadanía, al punto que se desplazaba con poca seguridad personal.De ello se aprovechó la banda armada MRTA para atentar contra su vida el 19 de octubre de 1990, en un ataque que fue repelido por el general, hecho que le mereció ser condecorado con la “Medalla del Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres” del ejército, “por acción distinguida”.Los terroristas del MRTA le dispararon 178 tiros que impactaron en su vehículo, en una calle de Tarapoto, matando al chofer e hiriendo de gravedad al único custodio del jefe militar, que sobrevivió pero quedó inválido.Brito recibió dos balazos en el tórax (uno aún está en su cuerpo), pero así rescató a su guardaespaldas y se enfrentó a los asesinos con su pistola, logrando ponerlos en fuga, tras lo cual llevó a sus hombres a un hospital.La desaparición del presunto terrorista Esaú Cajas Julca – por la que se quiere condenar a Brito - se produjo el 20 de noviembre de 1990, cuando el general convalecía de sus heridas en un hospital de Lima.ÇEl Tribunal que ve la causa es el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, presidido por la vocal Rosa Mirtha Bendezú Gómez, e integrado por las vocales María Luz Vásquez Vargas y María Vidal La Rosa Sánchez.Víctor Robles SosaDirector Ejecutivo de Ipades