Perú: Inclusión

InclusiónPor César Campos

Para valorar su contexto, no hace falta vivir cerca a quienes por múltiples razones del destino tienen una discapacidad. Sin embargo, estoy seguro que casi todos somos próximos a una o más personas de tal rubro. Si no están en nuestra casa, las encontraremos en el vecindario, la escuela, la universidad, el centro de trabajo, el entorno familiar de un amigo.Están allí, con los mismos derechos que todos pero con menos oportunidades. Ha sido larga la prédica para humanizar a los mismos seres humanos frente a sus congéneres que no gozaban de la plenitud de sus facultades físicas o mentales. Muchos de estos con habilidades superiores a quienes se creían completos, dotados o mejores.La discapacidad era juzgada como una maldición y en ella claudicaban los principios elementales del amor al prójimo, la solidaridad y el reconocimiento  a que todos nacemos libres e iguales, como lo consagró la Declaración Universal de Derechos Humanos.En ese ámbito, quienes padecieron una discapacidad sobreviniente por razones de servicio público – hablamos de los policías y militares que actúan en defensa de la sociedad y el Estado – atravesaron un largo vía crucis escasamente conocido por la mayoría de compatriotas. Su drama no era sólo privarse de continuar en sus labores habituales, sino también el de carecer de una atención oportuna y debida en los centros hospitalarios del arma a la que pertenecían, el límite del aseguramiento social para ellos y sus familias, la clausura de su ciclo laboral porque no se les convocaba a nuevas tareas.Y las promesas para ellos sobraron desde que volvieron de los campos de batallas contra la subversión o el narcotráfico en la década de los 80 del siglo pasado. Voluntad sobró, pero la inflexibilidad de la burocracia administradora del presupuesto nacional volvió imposible el reconocimiento a lo que ya habían entregado en provecho del paísEl año 2010 se ha cerrado con la promulgación realizada por el presidente Alan García de una importante, muy importante ley  que otorga protección integral en salud, educación y trabajo al personal discapacitado en acción de servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.La norma – iniciativa del congresista Luis Gonzales Posada – establece el marco de protección que asegurará la atención en salud, trabajo y educación del personal discapacitado en acción de armas en  acto de servicio en el combate en enfrentamientos internos e internos, elementos subversivos, narcotráfico y del crimen organizado. Asimismo, quedarán protegidos los militares y policías que queden en situación en discapacidad en misiones de paz en el exterior.Mediante la misma, el Estado les dará atención en salud, servicio médico, biomédico, material ortopédico, prótesis, exámenes de diagnóstico, así como intervenciones quirúrgicas en establecimientos de salud de las instituciones armadas, del Ministerio de Salud, del Seguro Social de Salud e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.Celebremos estos pasos firmes destinados a que la inclusión social no sea sólo un enunciado, sino una forma de vida para todos los peruanos.