Uruguay dice no a la venganza

Una dura derrota acaba de sufrir el lobby internacional de ONG de “derechos humanos” en Uruguay, donde el pueblo ha rechazado en las urnas la pretensión de ese grupo de desatar una venganza judicial indiscriminada contra los militares y policías que combatieron al terrorismo en los años 70’.

Más del 53 por ciento de los uruguayos votó por el ¡NO! A la propuesta de la izquierda marxista y las ONG caviares para que sea anulada la ley de amnistía vigente a favor de los militares, y para que se inicie luego una persecución judicial contra los uniformados.

Dicha ley, por cierto, no fue aprobada por la dictadura militar de ese país, ni tampoco por el régimen cívico-militar de Bordaberry, sino por el gobierno democrático y constitucional de Julio María Sanguinetti, el año 1986, durante su primera administración (1985-1990).

La llamada “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” fue aprobada como compensación de otra amnistía que había sido aprobada anteriormente en favor de los terroristas detenidos y encarcelados, los cuales fueron excarcelados tras ser declarados “presos políticos”.

Es un caso muy parecido al del Perú, donde ele estado (en 1993) perdonó a más de ocho mil terroristas que se acogieron a la Ley de Arrepentimiento, y después compensó este acto con la Ley de Amnistía (1995) que favoreció a centenares de militares y policías acusados de excesos en la lucha contra el terrorismo.

Uno de los beneficiados por la primera amnistía uruguaya es el ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado, el candidato del izquierdista Frente Amplio, José Mujica, quien purgó prisión por haber pertenecido al grupo terrorista “Tupamaros”.

La derrota en Uruguay ha sido demoledora para las ONG, ya que habían realizado una millonaria campaña con la misma consigna que han aplicado en varios países de la región: “no a la impunidad”, que naturalmente se refiere solo a los militares, y para nada a los crímenes de los terroristas.

El plebiscito que rechazó tal pretensión se realizó de manera simultánea con las elecciones presidenciales, en las que habrá segunda vuelta entre Mujica y el candidato del Partido Blanco, Luis Lacalle. Se requería la mitad más uno de los votos para anular la amnistía a los militares.

Tras conocer su derrota contundente, las ONG y los grupos marxistas que las apoyan han tenido que aceptar el veredicto popular, pero han advertido que no cejarán en su absurdo deseo de venganza.

Esta es la segunda vez que el proyecto izquierdista de vendetta es rechazado en un plebiscito. La primera vez fue en 1989.

Según cifras oficiales, durante la dictadura uruguaya (1973-1985) hubo 300 desaparecidos y algunos miles de secuestrados, torturados o asesinados. Las víctimas fueron militantes de grupos terroristas y en menor medida activistas políticos de izquierda que fueron confundidos con aquellos.

Con gran lucidez, el ex presidente Sanguinetti ha comentado así el resultado del plebiscito:: “20 años después los uruguayos reafirman que el país mira el futuro y no los fantasmas del pasado; la decisión es trascendente y supone un respaldo muy fuerte al cambio en paz aprobado tras la salida de la dictadura”.

Ha precisado además que durante la dictadura “hubo excesos militares inexcusables, pero no hubieran tenido cabida si previamente no se daba un terrorismo revolucionario que quiso imponer sus ideas por las armas”.

En el Perú, la ley de amnistía de 1995 fue anulada por una alianza perversa entre el marxismo y el toledismo sin que hubiera una razón válida para derogarla. Solo hubo afán de venganza política contra las Fuerzas Armadas,.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) opinó que dicha ley era “incompatible” con la Convención Interamericana, nunca falló por su anulación porque no podía hacerlo. Y sin embargo, la izquierda marxista sorprendió al Tribunal Constitucional y al Congreso, los indujo a anular la amnistía con argumentos falaces que ocultaron su fin verdadero.

Como consecuencia de ello, las fuerzas armadas peruanas se encuentran hoy sometidas a una infame persecución que las ha debilitado y disminuido, sin respaldo legal para combatir a un terrorismo que crece día a día en todo el país. El daño finalmente ha sido contra el país.Fuente: victorrobles.wordpress.com