
El pasado día 3 el Ejecutivo emitió un cuestionado Decreto de Urgencia 01-2009 autorizando la homologación de ingresos de los ministros de Estado con el que perciben los congresistas –aumentándoles de S/.15,000 a S/.22,000–, pero empujado por las críticas fue dejado sin efecto en un tiempo record de 3 días. Esta situación amerita un análisis y reflexión sobre la excesiva desigualdad remunerativa que existe en nuestro país.
Como marco consideremos el último informe 2008 de la Oficina Internacional del trabajo (OIT) “Evolución de los salarios en América Latina”, según el cual el incremento real del salario promedio en el Perú en 12 años (período 1995-2006) rondó apenas el 1% anual. En cuanto a los salarios mínimos –Remuneración Mínima Vital (RMV)–, al año 2007 nuestro país ocupa el puesto 11 (entre 17 países) por considerar rangos menores a US$ 200 mensuales. Actualmente dicha RMV –que solo ha aumentado S/.205 desde 1997– alcanza US$ 177 (S/.550) y cuya paridad de poder de compra representa menor poder adquisitivo de nuestros trabajadores con relación a la mayoría de países de la región, cubriendo solo parcialmente las necesidades básicas de la canasta familiar cuyo costo se calcula entre S/.1,200 y S/. 1,300. Con respecto al salario mínimo en relación al PBI per cápita, ocupamos el puesto 10 entre 17. Cabe señalar que a pesar que el ingreso per cápita se calcula en US$ 2,500 anuales, el 70% de nuestros trabajadores no lo alcanza. Un reciente estudio del Centro de Investigaciones de la Universidad de Lima indica que casi la mitad de la población abarca el 14% del ingreso nacional, mientras que el 10% del sector más rico cubre el 34%. Asimismo, existen ingresos mensuales de entre S/.100 y S/.200 en zonas rurales o de pobreza urbana. En este sentido advierte que un país con alta desigualdad de ingresos no podrá sostener el crecimiento futuro. Uno de los principales problemas del nuestro país es la falta de empleo adecuado o decente, es decir, formal, con adecuados salarios y buenas condiciones de trabajo. Contrariamente lo que existe son malos empleos informales, mal pagados y sin ningún beneficio social. En este sentido, las políticas sociales tradicionalmente han estado desenganchadas de las políticas económicas, cuando la estrategia de desarrollo debe contemplarlas en forma interrelacionada, como si fueran un conjunto y no separadas. Las políticas económicas deben estar enfocadas más al servicio del empleo y dirigidas a reducir sustancialmente la desigualdad remunerativa. Otro factor que gravita en esta mala distribución de las remuneraciones es el bajo número de trabajadores que tienen derecho a negociar colectivamente este tema. Esto, porque por importantes que sean los aumentos de productividad que se generan en la economía, si éstos no se distribuyen equitativamente, se reproduce al infinito esta desigualdad que avergüenza, pero que también debería movilizarnos tras el respaldo a medidas que efectivamente puedan combatirla. La desigualdad de ingresos en el sector público es abismal. El ingreso mensual promedio de un congresista de S/.22,000 es casi 16 veces mayor a los S/.1,400 promedio que recibe un trabajador profesional del Estado como un profesor universitario, un médico especialista o un teniente de las FF AA y PNP. También se dan desigualdades entre sectores o responsabilidades similares. Así, el ingreso de S/. 8,000 de un director general del gobierno central casi se cuadriplica al de un director regional de Educación o Salud que percibe S/.2,200. Igual sucede con sueldos de S/.8,500 para niveles de sub-gerente, jefe de área u oficina de ministerios, organismos autónomos o empresas del Estado que triplica los S/.2,780 que perciben sus similares en las FF AA (Teniente Coronel y equivalentes) con más de 20 años de servicio. Estos excesivos rangos de desigualdad remunerativa representan un grave problema estructural en el sistema y mientras no se ordenen y regulen existirán sectores privilegiados con sueldos muy altos, con más de 12 remuneraciones anuales, gastos operativos, y otras bonificaciones, lo cual ocasiona desorden, inequidad e injusticia. El gobierno debe implementar urgentemente la normatividad que permita corregir las severas distorsiones tanto en las remuneraciones básicas (en las FF AA y PNP es de S/. 0.07) así como en la abismal desigualdad remunerativa que existe en nuestro país.