Socios de Assange rebaten en EEUU la petición de datos a Twitter

Fiscales de Virginia obtuvieron una orden judicial el pasado 14 de diciembre que exigía a la red social Twitter que entregase sus archivos sobre Assange, sobre el analista de inteligencia del Ejército estadounidense Bradley Manning - de quien se sospecha que filtró algunos documentos - y sobre otras personas.

Birgitta Jonsdottir, miembro del parlamento de Islandia, y otras dos personas incluidas en la orden judicial intentaron anularla y exigieron que el tribunal informase de otras órdenes judiciales para que los implicados pudiesen tomar unas medidas similares.

La juez estadounidense Theresa Buchanan, que emitió la orden en cuestión el pasado diciembre, no emitió un fallo el martes después de más de una hora de declaraciones orales de las dos partes.

La magistrada dijo que emitiría un fallo por escrito, pero no dio fechas.

Los fiscales, que dijeron que la investigación se encuentra en "fase preliminar", han realizado una gran investigación para determinar si Assange violó la ley al publicar miles de cables diplomáticos en su página web WikiLeaks.

Manning está acusado de haber filtrado documentos y se encuentra bajo custodia militar. WikiLeaks publicó varios cables clasificados, algunos de los cuales ofrecen embarazosas evaluaciones de líderes extranjeros, además de documentos militares relacionados con las guerras en Irak y Afganistán.

Buchanan ordenó en diciembre que Twitter proporcionase unos siete meses de información sobre determinados individuos, como por ejemplo con quién se comunicaban y cuándo, a quién seguían en la red social, y quiénes les seguían a ellos, independientemente de una conexión con WikiLeaks.

Los fiscales también buscan datos sobre cómo se conectaban a la página, algo que podría identificar su ubicación.

Los abogados de Jonsdottir y de los otros dos acusados argumentaron que la orden pedía demasiado y que violaba los derechos constitucionales que protegen la libertad de expresión y asociación y que limita las investigaciones.

Los fiscales defendieron la orden alegando que ésta es similar a una petición de registro telefónico, y subrayaron que no están interesados en el contenido de las conversaciones.

"Ésta es una medida normal de investigación que se utiliza todos los días del año en todo el país", dijo John Davis, que representa a la fiscalía.

Fuente: yahoo.es