
Martes, 24 de febrero de 2009
TIERRA DE NADIE TIERRA DE NADIE12 de Febrero de 2009 Otro atropello contra la Constitución Política y el Estado democrático lo constituye la flamante ley de expropiación de invasiones informales, lo cual resulta un atentado contra el derecho de propiedad el cual debe estar protegido por el estado. Lo mas grave es que esta "ley de ripley" deja las puertas abiertas para que se legalicen terrenos de todo tipo, incluso terrenos asentados sobre rellenos sanitarios y hasta aquellos considerados de valor histórico. Es decir estamos favoreciendo a usurpadores de propiedad a caníbales de terrenos o quizás a corsarios o piratas de trafico de propiedades?. No hay que viajar tan lejos para darnos cuenta como una serie de personajes en el distrito de San Juan de Lurigancho, serán beneficiados millonariamente con esta absurda Ley. Sin ir muy lejos también los tenemos en distritos emergentes como san Borja. Y que pasa con aquellos propietarios abnegados que tuvieron que soportar una serie de penurias deambulando por el Poder Judicial, litigando eternamente y cuando de repente la “justicia”, se inclinaba del lado de la verdad (caso raro en nuestro país), ahora resulta que de un solo tirón esta Ley sale justamente en el mes de carnavales como si un globazo callejero nos sorprendiera de repente, es que acaso no se entiende el respeto al poder judicial y a las instancias pertinentes que al margen de los procesos judiciales ahora los usurpadores resultan beneficiados. No podemos confundir de ninguna manera la aplicación de políticas sociales orientadas a beneficiar a los sectores mas deprimidos del país, tema con el cual ningún Peruano con sentido común estaría en desacuerdo, con el abuso del derecho, mas aun cuando la Constitución política del país solo señala la expropiación en dos situaciones: en casos de seguridad nacional o de necesidad publica, es decir para todos y no solamente para ciertos grupos lo cual evidencia una calara actitud populista del manejo de la usurpación de la propiedad privada. La solución no esta en pisotear el derecho a la propiedad sino el de generar mecanismos orientados a favorecer a ambas partes, pero todo esto dentro del respeto a la propiedad y a la constitución política del País sino esta será letra muerta. De por medio esta la responsabilidad de todos los organismos de línea que intervienen así como la sociedad civil y los organizaciones legales o jurídicas del País quienes tendrán que pronunciarse en torno a la inconstitucionalidad de esta “pretendida ley”. Por supuesto que demás esta opinar sobre el crecimiento planificado de nuestra ciudad (aspecto que nunca tendremos), para estar en línea competitiva con las grandes ciudades del mundo, sobra pues definitivamente el tema de política medio ambiental y desarrollo urbano. REGIDOR METROPOLITANO MARCOS MORON www.regidormarcosmoron.blogspot.com