Tuvieron que pasar 30 días de huelga antiminera, claro con una tregua de 5 días para que la población pudiese votar el 5 de junio, y algunos muertos, al parecer lamentablemente 6, para que por fin el gobierno central derogue el decreto que autorizaba la puesta en marcha el proyecto de explotación minera de plata Santa Ana. Treinta largos días que pusieron en jaque al gobierno y al país, y puso en evidencia la incapacidad de la administración de Alan García a la hora de abordar la solución de los conflictos sociales que surgen como consecuencia del desecuentrro con una ciudadanía cada vez más consciente de lo que implica el deterioro del medio ambiente para sus vidas.
Otro decreto finalmente suplantará al que ha sido derogado en aras de detener la escalada de violencia en Juliaca y en el sur de esta altiplánica región. Uno en el que se establece que toda futura concesión minera y petrolera tendrá que contar con la aprobación de la población de la zona, acuerdo que debe ser obtenido mediante el debido proceso de consulta.
Agencias