La judicialización del menor es uno de los temas más complicados en la legislación colombiana. Así el país haga parte de los convenios internacionales sobre este asunto, todavía no hay una normatividad clara y eficiente que ataque los problemas de delincuencia juvenil.Las deficiencias son tantas que en Medellín sólo hay cinco juzgados para menores, las investigaciones se demoran porque no hay abogados suficientes para representar a los adolescentes y la ciudad apenas cuenta con un sitio de rehabilitación. Las leyes internacionales no permiten el encarcelamiento de los jóvenes que todavía no tengan los 18 años de edad.Como en Colombia el Código del Menor estipula que a los jóvenes sólo se les puede abrir investigación cuando sus conductas representen delitos como daños al bien ajeno, lesiones personales y homicidios, es difícil que la rama judicial se ocupe con detenimiento de la participación de los menores en actos de violencia por las barras de fútbol.Y más cuando en las leyes del país, según algunos juristas, las barras bravas todavía no están contempladas como delictivas, así infrinjan las normas sociales.Desde que se ratificó la Convención Internacional de Derechos de los Niños con la ley 12 del 91, no se ha renovado la legislación para menores y, por consiguiente, la justicia colombiana mantiene dificultades para hacer las intervenciones inmediatas que requiere el conflicto que se vive hace ya cuatro años por el enfrentamiento entre los grupos de aficionados de los principales equipos de fútbol.La rama judicial nacional apenas cuenta con un proyecto de ley que se basó en los modelos ingleses con los "hooligans" y hace énfasis en el "internamiento" de los jóvenes revoltosos el fin de semana."Para hacerle frente a los temas de delincuencia juvenil, como el generado por los enfrentamientos entre las barras, en Medellín sólo contamos con el hogar Carlos Lleras Restrepo -La Pola- y son tantas las fallas...
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