Sábado 03 de mayo 2025 | Contáctenos
El Congreso de la República no será el poder determinante. El jurista Alberto Borea reveló, en una entrevista con Voz de Alerta de radio San Borja, que un colectivo civil promoverá el cambio de la Constitución vigente mediante una iniciativa de modificación legislativa o vía referéndum.
El ex senador dijo que el retorno a la Constitución de 1979 sí es una asignatura importante del nuevo gobierno y una expresión en ese sentido fue la alusión que hizo el presidente Ollanta Humala durante su discurso inaugural el 28 de julio pues ese tema forma parte de una oferta central de su campaña electoral, a diferencia de Alan García que en el 2006 prometió lo mismo pero que ya en la Presidencia no atendió esa demanda y “calló en siete idiomas”.
Admitió que el tema, de acuerdo a las recientes declaraciones del presidente de la República, no está en su agenda inmediata pues se halla más abocado a atender los programas sociales, sin embargo, aseguró el jurista, estará en el centro de la atención nacional muy pronto, en menos de 60 días, por iniciativa de la sociedad civil.
Manifestó que el Congreso de la República –no sería recomendable una Asamblea Constituyente “porque las grandes discusiones constitucionales tiene que hacerse en un contexto de tranquilidad”- tiene la responsabilidad de recoger esa exigencia -la derogatoria del texto constitucional vigente expresada por parte del electorado durante las últimas elecciones generales- pero con la responsabilidad de que trascienda las tendencias de los grupos económicos y sectores sociales en aras de los intereses del país.
Referéndum
Reveló que un grupo de peruanos -un colectivo no partidarizado del cual forma parte- va a preparar un proyecto para modificar la Constitución de 1993, incorporando los aportes positivos de este documento, con un texto que declara su nulidad pero –insistió- convalidando lo que se hizo bien en el país bajo su paraguas durante los últimos 18 años.
Es así, comentó, que desde la sociedad se va a colocar en el debate nacional el cambio de la Constitución “frente a la estructura del poder que se va ver obligada a discutir el tema”.
Dijo que se prevé la derogatoria de la Constitución vigente mediante una iniciativa legislativa y si esta no prospera vía referéndum porque el Congreso puede decidir una cosa y el Perú esperar otra. Recordó que se requiere el 0.3% de adherentes –escasamente 59 mil firmas- del padrón nacional electoral para presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una iniciativa de consulta popular.
Escéptico con encuestas
El constitucionalista aseguró que la ciudadanía y el humor de la calle revelan una disconformidad con la Constitución de 1993 en tanto que la lectura de las últimas encuestas sobre el tema, preparados por Datum e Ipsos Apoyo, en realidad tienen lecturas diferentes a como han sido publicadas por los más importantes medios de comunicación.
Afirmó que los grandes medios informativos “apantallan a la sociedad” con encuestas recogidas en “el día uno de planteado el tema” (del cambio de la Constitución) cuando se sabe que durante el inicio de la discusión todavía no se definen las tendencias ciudadanas a favor o en contra.
Carta de 1993 y fujimorismo: “Hecha a la medida de una gavilla de ladrones”
Más adelante Borea sostuvo que la Carta de 1993 semeja a un “estatuto de ocupación”, como dijo el desaparecido presidente Valentín Paniagua, pues no es fruto de un acuerdo de la sociedad sino que fue hecha a la medida de una “gavilla de delincuentes, ladrones y asesinos” –los jerarcas del gobierno de Alberto Fujimori- que “ahora están fugados o en prisión” y que fue aprobada mediante un referéndum que fue una “farsa absoluta”.
“Esa es la verdad legal. ¿El Perú tiene que obedecer una Constitución hecha por encargo de esos descarriados? Ese es el tema”, expresó.
Medios de comunicación y poderes económicos
El ex senador acusó que la mayoría de los medios de comunicación -especialmente escritos y televisivos- en representación de los intereses de los poderes económicos, se ha alineado en una cerrada defensa de la Carta de 1993, debido al modelo económico que implementó, y esa es la razón de porqué no existe espacio para un debate equilibrado sobre el tema –solo se ataca machaconamente la Carta de 1979-, es así que casi nadie le ha explicado al país la importancia y valores de esa Constitución.
Observó que en la presente coyuntura se registra un hecho curioso: los intereses de la ultraderecha política están representados por algunos conspicuos periodistas, como Jaime de Althaus, quienes se oponen al texto constitucional de 1979 y tratan de imponer una agenda al nuevo gobierno.
“De baja calidad”
Borea subrayó que la Carta Magna de una nación se sustenta en valores fundamentales –como aquella de 1979- y no sólo en las bondades de un programa económico, en ese sentido, dijo, durante su campaña electoral Ollanta Humala recogió la “sensación de insatisfacción” de los peruanos de a pie frente a la actual Constitución.
Dijo que cualquier ciudadano puede comprobar la riqueza de la Carta de 1979 frente a la Constitución de 1993 -y entender porqué el país no debe estar regido con el texto aprobado durante el fujimorismo- pues con solo leer los preámbulos de ambas, la primera revela un proyecto nacional “formidable” con inclusión social, principios de igualdad, promoción de los capitales extranjeros y otras consideraciones que “no son ni socialistas ni comunistas” frente a la “miseria” del preámbulo de aquella de 1993.
Papel del Estado
En otro momento el constitucionalista opinó que el presidente Humala sí podría cumplir sus promesas electorales –con la inclusión social en primera línea- en el marco de los “estrechos límites” del texto constitucional de 1993, sin embargo con esos parámetros no podría dejar “la proyección de un país grande” que requiere, entre otros aspectos, un Estado más grande que exige, además, reservar sectores estratégicos de la economía nacional a empresas peruanas.
Al respecto aclaró que un exceso de Estado (enorme y paquidérmico como fue en la década del 80) es nocivo para el país, sin embargo en el otro extremo la Carta de 1993 otorga al Estado un rol “enano”, de segunda clase, razón por la cual se requieren cambios constitucionales que el presidente Humala a ofrecido en un escenario que podría encresparse porque la ciudadanía está cansada de las promesas incumplidas.
Oportunidades perdidas
Borea comentó que el mejor momento para cambiar la Constitución de 1993 fue tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, en el 2000, y la segunda mejor oportunidad fue durante la administración Toledo (2001-2006) en tanto que no hubo siquiera la posibilidad formal de un tercer momento durante el gobierno de Alan García que se desentendió del asunto, sin embargo eso no significa que no se deba dar la batalla durante el mandato de Ollanta Humala quien oportunamente reabrió el tema.
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