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Así informa el diario La Primera en su edición de hoy sábado 17 de septiembre de 2011:
García puede ir preso de 5 a 10 años por dar libertad a narcos
Si alega que firmó resoluciones sin saber que beneficiaban a narcotraficantes igual sería condenado
El expresidente Alan García podría ser sentenciado de cinco a diez años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, de comprobarse que favoreció irregularmente a casi cinco mil condenados por narcotráfico y robo agravado, conmutándoles sus condenas.
La Fiscalía podría pedir de cinco a ocho años de prisión para García, e inclusive para sus exministros de Justicia (Rosario Fernández y Aurelio Pastor) si, abusando del poder otorgado por la ciudadanía, favoreció concientemente a los delincuentes.
Si se comprueba que hubo intención dolosa de favorecer a narcotraficantes, García y sus ministros podrían recibir una sentencia de cinco y ocho años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y activo y abuso de poder. Eso sumado a la inhabilitación para ejercer un cargo público.
La investigación debe realizarse primero a través del Parlamento, que debe señalar responsabilidades de altos funcionarios del gobierno de García debido al beneficio del antejuicio político que ahora los protege.
García y sus exministros son pasibles de recibir la citada condena, inclusive por haber firmado resoluciones supremas sin leer los expedientes judiciales.
Solo por firmar resoluciones sin leer, García y sus ministros pueden ser condenados a ocho años de prisión por la figura del delito de cohecho pasivo propio en que funcionarios toman decisiones para favorecer a terceras personas, y se agrava más si se aceptaron donativos o promesas.
Fuentes del Inpe adelantaron que García, de ser condenado y por su alta investidura, tendría que cumplir su sentencia en la Diroes, teniendo en cuenta el precedente de trato especial dado al exdictador Alberto Fujimori, que pasa allí cómodamente su carcelería.
Pero, si se comprueba que hubo decisión política por parte del gobierno de García para reducir las penas de narcotraficantes, entonces la Fiscalía podría solicitar altas penas de prisión para los responsables.
Si se comprueba que existió la intención política de García y sus ministros de favorecer a un gran número de condenados por narcotráfico, entonces habría existido un concurso real de diversos delitos como cohecho y corrupción de funcionarios, lo que ameritaría condenas de hasta 10 años de prisión. Sería un hecho grave y habría que individualizar, porque en actos de corrupción nada se hace gratuitamente.
Sobre la respuesta de Pastor de lavarse las manos ante la denuncia de que él no recomendaba las conmutaciones a García, es falso porque es el ministro de Justicia quien entrega los expedientes de los condenados al presidente para las conmutaciones.
Estas numerosas conmutaciones se dieron principalmente durante la gestión de Aurelio Pastor y es uno de los personajes claves de esta denuncia. Es él quien debió recomendar a García sobre las conmutaciones porque él era el ministro de Justicia y no un funcionario de tercer orden.
Para probar los delitos que habría cometido García y sus exministros habría que solicitar a los que fueron beneficiados con estas conmutaciones acogerse a algún tipo de colaboración, con la promesa de preservar su seguridad y asegurarles la libertad ya alcanzada.
Se podría hacer una especie de trato con los que fueron beneficiados. Ellos deben hablar sobre qué grado de participación tuvieron García, Pastor y Fernández o el personal del Inpe, y la justicia le asegura su libertad. El asunto es descubrir a los responsables mayores.
La denuncia-informe del Ministerio de Justicia divulgado muestra evidentemente que se hizo todo lo posible para liberar en masa a sentenciados por narcotráfico y robo agravado, dejando de lado, a otros reos que cometieron delitos menores como apropiación ilícita, resistencia a la autoridad, contrabando y otros.
Muy al final de la lista, por ejemplo, figura que, en los cinco años del segundo gobierno de García, solo se le conmutó la pena a un condenado por el delito de apropiación ilícita. Por el delito de resistencia a la autoridad solo dos obtuvieron la gracia presidencial, mientras que solamente a cinco se les conmutó la pena por el delito de contrabando.
Al parecer solo los que tenían plata tenían acceso a estos beneficios otorgados por García. Los simples carteristas no podían, solo los sentenciados por narcotráfico y los que formaron parte de bandas delincuenciales. O sea, la pregunta es, como la plata llegó sola?
Fuente: La Primera
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