CCL: proyecto alternativo del Indecopi debe ser la base para el Código de Consumo

Desde que se inició el debate sobre la creación de un Código de Consumo, la Cámara de Comercio de Lima ha manifestado que para proteger cabalmente a los consumidores no se requiere de nuevas leyes, pues éstas sobran. Ha señalado que lo que se necesita son mayores recursos para que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) cuente con personal especializado e infraestructura descentralizada, para posibilitar la pronta y eficaz atención de los que reclaman a nivel nacional.La CCL recuerda que, desde enero del 2009, el país cuenta con un Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Protección al Consumidor, inclusive incorpora los cambios requeridos para la implementación del TLC con los EEUU. En tal sentido, la Cámara de Comercio de Lima considera que el Código de Consumo debe sacudirse de populismos y normas líricas, y más bien debe afianzar la labor del INDECOPI, a fin de que la atención de los reclamos sea oportuna, eficaz y descentralizada. Tres proyectosLuego de analizar los tres proyectos sobre el Código de Consumo, que se vienen discutiendo en la actualidad (uno elaborado por una comisión designada por la Presidencia del Consejo de Ministros, otro presentado por la Comisión de Protección al Consumidor del Congreso de la República y uno que viene elaborándose desde el Indecopi), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que, en aras de resguardar la institucionalidad del país, la Autoridad en materia de protección al consumidor debe coordinar la elaboración de lineamientos para mejorar la protección al consumidor.Para la CCL, los avances que se van mostrando en la elaboración del Proyecto Alternativo del INDECOPI lo hace ver como el más técnico, equilibrado, realista y factible de ser cumplido, con relación a las otras dos iniciativas.“Si realmente queremos contar con un código de consumo equilibrado, que proteja los legítimos intereses de los consumidores y sobre todo resulte aplicable a nuestra realidad, el Gobierno debe considerar como documento base para su discusión y revisión el texto alternativo del INDECOPI, el que debe ser mejorado con los aportes que contienen las otras 2 propuestas”, expresa la CCL. La CCL sostiene que no es conveniente seguir con la discusión paralela de los 3 proyectos que regulan el mismo tema, ello genera desconcierto entre la ciudadanía y denota falta de transparencia e institucionalidad en el gobierno y el Congreso, pero además, ocasiona la pérdida de valioso tiempo de los especialistas y de los gremios empresariales que deseamos aportar y dar sugerencias para mejorar la propuesta.Anteproyecto PCMPara la CCL, debido al escaso tiempo –2 meses- que tuvo la Comisión Gutiérrez, el anteproyecto publicado es aún un borrador de trabajo. Contiene una “lluvia de ideas”, anécdotas y experiencias de sus autores proponen convertirlas en regulación nacional. De las 3 propuestas en debate, el anteproyecto PCM es el texto que requiere de una revisión integral y puntual, pues contiene disposiciones que colisionan con el ordenamiento jurídico nacional. Comisión revisora

Para perfeccionar el Anteproyecto la PCM ha extendido hasta el 17 de noviembre el plazo para que la ciudadanía haga llegar sus aportes y sugerencias. La CCL refiere que, en los primeros días de octubre, la PCM ofreció constituir una comisión o grupo de trabajo multisectorial que revise el anteproyecto y recoja las propuestas y sugerencias ciudadanas, pero hasta la fecha dicha comisión no se ha constituido. Proyecto Lescano Asimismo, para la CCL es preocupante que luego de la publicación del anteproyecto de la PCM, la Comisión de Protección al Consumidor haya publicado en El Peruano la propuesta de Código de Consumo, formulada por el congresista Yonhy Lescano. Si bien la propuesta del Legislativo se sustenta en la Constitución y además, es más técnica que la propuesta PCM, contiene un listado de prohibiciones, entre ellas, relativas al control de precios y tarifas que se fijarían por ley, lo que estaría colisionando con las disposiciones constitucionales sobre economía social de mercado y libre competencia.