LA CORRUPCIÓN AGOBIA A NUESTRO PAÍS

Recientemente se han presentado muchos casos de corrupción que nos señalan que la lucha anticorrupción no va por buen camino en nuestro país. Los últimos casos como el descubierto en los llamados “petroaudios” sobre una corrupta operación de concesión de exploraciones petroleras, que inclusive ocasionaron la caída de un Gabinete Ministerial, además del caso del escandaloso robo de documentación del Ministerio de Salud relacionado a construcción de hospitales en forma irregular, nos demuestran que la corrupción es uno de los problemas más graves que agobia a nuestro país. 

Y el asunto de los descubrimientos con nuevos audios lanzados en los últimos días sacan a la luz nuevos casos, como el del consorcio Chartchil LTD que habría obtenido con influencias de las altas esferas de Petroperú la buena pro para el transporte de gas por el litoral, inclusive después de dos proceso previos. Pero lo más grave es que esta corrupción descubierta se estaría desviando hacia la violación del secreto de las comunicaciones, que si bien configuran un delito (Art. 162 del Código Penal) y representan un claro atentado contra el derecho de las personas al secreto de inviolabilidad demandado, demandado en la Constitución (Art. 2 incisos 10, 6 y 7), comparados con estos gravísimos casos descubiertos de corrupción que atentan contra nuestros intereses nacionales, correspondería tratarse aunque con la misma profundidad y firmeza, pero como un tema secundario.   En este contexto, toma mucha mayor importancia el análisis del último Informe sobre Percepción de la Corrupción 2008” (IPC)de Transparency International. Este documento que viene publicándose anualmente desde 1995, clasifica a 180 países del mundo según el grado de corrupción percibido como existente entre los funcionarios públicos y políticos, particularmente en el abuso del servicio público para beneficio particular. Para tal fin analiza aspectos administrativos y políticos de la corrupción tales como: frecuencia y magnitud de sobornos a funcionarios públicos, pagos irregulares en contrataciones públicas, malversación de fondos públicos, así como la solidez y efectividad de las iniciativas anticorrupción.   El Perú ocupa el puesto 72 con una puntuación de 3.6 –la escala va de 0: percepción muy corrupto, hasta 10: percepción de ausencia de corrupción–. Dinamarca ocupa el puesto 1 con 9.3 puntos (alta transparencia), y Somalia el puesto 180 con 1.0 punto (alta corrupción). En nuestro caso, hemos descendido del puesto 65 el 2005, al 70 el 2006 y al 72 el 2007; en el 2008 nos mantenemos en el mismo puesto, sin demostrar mejoría. Lamentablemente nos encontramos ubicados en el grupo de países con puntuaciones menores a 5.0 que demuestran “grave problema de corrupción”. Los que no superan los 3.0 puntos, demuestran “niveles de corrupción desenfrenados”. En Latinoamérica los países con menos corrupción percibida son Chile y Uruguay, ambos situados en el puesto 23 con 6.9 puntos.   Además del IPC, esta organización presenta anualmente el “Barómetro Global de Corrupción” (BGC), que analiza actitudes hacia la corrupción y experiencias del público. En su última publicación de diciembre 2007, nuestro país figura entre los más afectados por sobornos y por alta percepción de corrupción en los Poderes Judicial, Legislativo y los partidos políticos. Asimismo, se considera que nuestra evolución de corrupción en los próximos tres años seguirá igual o aumentará, y que las medidas anticorrupción adoptadas son inadecuadas e ineficientes.   Los indicadores de estos informes nos reiteran que este flagelo es uno de los más graves problemas que afecta y daña a nuestro país. Es realmente alarmante ver como el espiral de la corrupción no parece tener freno. En los últimos seis años más de 16,000 servidores públicos han sido acusados por delitos de peculado, corrupción de funcionarios, concusión y abuso de autoridad, sin embargo la lucha anticorrupción no avanza. Desde hace muchos años se nombraron y luego desactivaron, zares anticorrupción, comisiones y consejos nacionales, hasta la última Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), creada en octubre 2007 y no duró activa ni diez meses.   Se requieren con urgencia cambios estructurales que eliminen los incentivos e impunidad de la corrupción. Para tal fin es imprescindible la implementación en las instituciones públicas de sistemas de control más sólidos y reglamentaciones y marcos legales más estrictos y rigurosos. Es fundamental establecer la imprescriptibilidad de delitos contra el patrimonio del Estado. Además, debe mejorarse el sistema de administración de justicia,  cumplirse con las regulaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y fomentarse la cultura de la ética pública.